Más de ocho millones de estudiantes no universitarios vuelven estos días a las aulas de forma presencial, en un inicio de curso 2020-2021 marcado por la pandemia de Covid-19 y la incertidumbre de la comunidad educativa, padres y sindicatos ante la efectividad de las medidas acordadas por las autoridades sanitarias para asegurar una 'vuelta al cole' segura.
Aunque alumnos de regiones como Navarra ya tuvieron su primer contacto con el ámbito escolar hace unos días, el grueso del alumnado español comenzará a asistir a clase esta semana. Este lunes arrancará el curso en el País Vasco, Valencia, Cantabria y La Rioja; el martes en Castilla-La Mancha y Castilla y León; el 10 de septiembre en Andalucía, Extremadura y Baleares y el 11 en Murcia, y ya a partir del lunes de la siguiente semana, el 14 de septiembre, en Cataluña y Galicia.
Precisamente, algunas comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias educativas, han decidido retrasar el inicio de curso inicialmente previsto. Entre ellas están, Canarias (donde comenzará a partir del 15 de septiembre), Murcia y Asturias (desde el 22).
Las normas acordadas por Gobierno y autonomías el pasado 27 de agosto para una 'vuelta al cole' segura pasan por generalizar el uso de mascarilla a partir de los seis años, mantener grupos estables de convivencia en las etapas educativas inferiores para acotar posibles contagios, incrementar la ventilación de las aulas y que los pequeños se laven las manos al menos cinco veces cada jornada.
Asimismo, las recomendaciones para los centros también incluyen la creación de la figura del 'coordinador Covid' y la toma de temperatura.
La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, aunque manifiesta que "el riesgo cero no existe", apuesta por la presencialidad, ya que entiende que son superiores los beneficios educativos y de socialización de los alumnos que los riesgos de desarrollar casos graves de coronavirus.
No obstante, organizaciones sanitarias, sindicales, de familias y de alumnos reclaman que esa presencialidad se dé en condiciones de seguridad para la comunidad educativa, que pasa porque haya distanciamiento real en las instalaciones.
Según un informe presentado por CCOO, para garantizar la ratio de 20 alumnos por aula acordada por gobierno central y autonómicos (muy lejos de los 15 máximo que establecen los sanitarios para que tengan éxito los denominados "grupo burbuja"), habría que contratar a más de 70.700 profesores más para este curso y contar con un incremento de financiación de más de 4.600 millones de euros.
Otras reivindicaciones de la comunidad escolar reclaman generalizar las pruebas PCR en alumnos y personal y dotar a los centros de material de higiene y seguridad sanitaria, así como incorporar en todos los centros la figura de la enfermera escolar. Estas cuestiones sanitarias y el incremento del número de casos de Covid-19 han provocado que algunas autonomías hayan decidido retrasar el inicio del curso, como ha sido el caso de Canarias, Asturias y Murcia.
Asimismo, los agentes educativos han mostrado su preocupación sobre cómo será finalmente el reparto de los 2.000 millones del Fondo Covid designado por el Gobierno para que las autonomías lo destinen a la educación (400 millones irían a la Educación Superior) para poder asegurar una educación con garantías.
El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, advirtió el pasado 27 de agosto que se ordenará el cierre "temporal" de un colegio "cuando se constate una transmisión no controlada y generalizada", aunque, precisó, dicho cierre será por un periodo de 14 días.
