El Gobierno presentará este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, el plan enfrenta la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y de dos regiones socialistas, Castilla-La Mancha y Asturias. Para que la propuesta sea aprobada y llevada al Consejo de Ministros, el Ministerio de Hacienda necesita el apoyo de Cataluña y Canarias.
El Ministerio, encabezado por Arcadi España, ha convocado a las comunidades de régimen común para someter a votación su plan. Varias regiones ya han manifestado su rechazo, argumentando que el plan fue negociado previamente de manera bilateral con ERC. Este argumento es el principal motivo de oposición tras recibir el borrador de la propuesta hace unas semanas.
Horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal, la Comunidad de Madrid anunció que no participará. La administración regional sostiene que la propuesta estuvo pactada de manera bilateral. Además, ha comunicado su posición al PP nacional y a otros consejeros populares, indicando que la única manera de evitar la aprobación es mediante la falta de quórum en la reunión. Sin embargo, algunas regiones del PP han decidido participar en el Consejo.
El Ministerio de Hacienda lamentó la decisión de la Comunidad de Madrid y calificó su llamado a boicotear la reunión como irresponsable.
El Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha ha reiterado su rechazo a la reforma, argumentando que está consensuada con un solo partido político y no garantiza la igualdad. Por otro lado, Asturias también se opone a la propuesta, considerándola injusta y carente de reconocimiento al envejecimiento y la orografía en el cálculo de la población ajustada. Esto, según Asturias, impacta en el coste de los servicios públicos.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechaza la propuesta por considerarla un simple mecanismo de supervivencia para Pedro Sánchez.
Feijóo declaró que el actual Gobierno no tiene autoridad para aprobar el sistema, al no contar con Presupuestos del Estado y por estar diseñado por ERC.
Por el contrario, Cataluña y Canarias están dispuestas a apoyar el nuevo modelo. El Gobierno catalán defiende que el sistema no perjudica a ninguna comunidad y tiene beneficios potenciales para todas. Mientras tanto, Canarias condiciona su respaldo a que se respeten sus singularidades y se cumplan las partidas previstas.
Esta votación representa un paso crucial antes de que el plan pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros y posteriormente remitido al Congreso de los Diputados. El Gobierno, que posee el 50% de los votos en el CPFF, solo necesita el respaldo de una comunidad para avanzar, expectativas que recaen en Cataluña y Canarias.
