El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, solicitará este miércoles explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión de control del Congreso, en relación a las medidas que se van a tomar frente al creciente número de agresiones con armas blancas en espacios públicos. La interrogante surge tras el acuerdo alcanzado en marzo entre el Gobierno español y el ejecutivo vasco, que busca endurecer el control y sanción del porte de estas armas, una preocupación creciente en contextos como el ocio nocturno y el transporte público.
En dicho acuerdo, se contempló la modificación del Reglamento de Armas para eliminar ambigüedades legales y fomentar una aplicación más efectiva de la normativa. Además, se prevé la instalación de señalización visible que informe sobre esta prohibición, la implementación de un Registro Central de Infracciones de Seguridad Ciudadana, al que tendrá acceso la Ertzaintza, y la promoción de reformas normativas para mejorar la respuesta ante la reincidencia delictiva.
El actual marco legal que rige el porte de armas es la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, junto con el Reglamento de Armas de 1993. Este último, según el Gobierno vasco, resulta insuficiente debido a que se basa principalmente en el tamaño del arma para determinar su prohibición, y no aborda adecuadamente el porte de navajas automáticas o de hojas superiores a 11 centímetros en espacios de alta concurrencia.
Desde el Gobierno vasco, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ya había solicitado en marzo una modificación legislativa que prohíba completamente el uso de armas blancas en lugares de ocio nocturno, transporte y eventos festivos. La necesidad de una reestructuración normativa también ha sido señalada por administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, debido al incremento de incautaciones de machetes en enfrentamientos con bandas latinas.
El actual marco legal, basado en el Reglamento de 1993, limita las acciones frente a la portación de armas blancas en espacios públicos.
El Partido Popular, por su parte, presentó en febrero una proposición no de ley pidiendo al Gobierno un plan integral y urgente para abordar el aumento del uso de armas blancas. Esta propuesta incluye revisar los tipos prohibidos y actualizar la normativa sobre su acceso, además de modificar el Código Penal para endurecer las penas relacionadas con su uso.
Finalmente, cabe recordar que en 2007, el PNV ya había instado al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a prohibir la tenencia de estas armas a menores y personas con antecedentes penales. Actualmente, la compra y posesión está prohibida para menores de 18 años, aunque el tener antecedentes no figura como un condicionante para su prohibición.
