El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles la moción del Grupo Socialista para reforzar la protección de la vivienda protegida frente a su mercantilización y uso especulativo. La iniciativa ha recibido 145 votos en contra de PP, Vox, UPN y PNV, frente a los 94 votos favorables del PSOE e Izquierda Confederal. Diez senadores de ERC, EH Bildu y BNG se han abstenido, mientras que Junts no ha participado en la votación.
La propuesta planteaba una mayor transparencia en los procedimientos de adjudicación, la publicación periódica de datos agregados sobre las concesiones y el análisis de las normas autonómicas que pudieran comprometer el derecho a la vivienda.
La moción socialista buscaba reforzar la transparencia en la adjudicación de vivienda protegida y evitar su uso especulativo
La senadora socialista María Amparo Marco ha defendido la iniciativa como una vía para evitar que se repitan casos como el de las VPP de Les Naus, en Alicante. También ha acusado al PP de boicotear «sistemáticamente» la Ley de Vivienda en las comunidades donde gobierna y de no declarar zonas tensionadas, una actuación que ha atribuido a una estrategia para desgastar al Gobierno.
Desde Izquierda Confederal, la senadora de Más Madrid Carla Delgado ha considerado insuficiente la propuesta socialista. Su grupo ha presentado enmiendas para impedir que los «fondos buitre» compren vivienda, prohibir los desahucios de personas vulnerables y congelar los precios del alquiler. Según ha señalado, estas medidas constituyen la base de los dos reales decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros, cuyo respaldo ha reclamado a los grupos en el Congreso este viernes.
La senadora de Eivissa i Formentera al Senat, Neus Masanet, también integrada en Izquierda Confederal, ha subrayado que construir vivienda protegida debe ir acompañado de garantías para que conserve esa condición y no termine en el mercado libre. Ha reclamado adjudicaciones transparentes y criterios que tengan en cuenta la ubicación, el arraigo y las necesidades de cada territorio.
Por parte del PP, Paloma Martín ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar políticamente el caso de Maricarmen, la mujer desahuciada en Madrid la pasada semana, para «arañar un puñado de votos». La senadora ha contrapuesto ese caso al de Olga, una mujer de 54 años desahuciada recientemente en Cataluña, y ha criticado que no se hayan producido manifestaciones por ella.
Martín también ha reprochado al Ejecutivo que, pese a ser uno de los mayores tenedores de suelo y vivienda, retenga inmuebles y paralice desarrollos urbanísticos, actuaciones que, según ha afirmado, generan escasez. Como alternativa, ha defendido aumentar el suelo destinado a vivienda, promover la colaboración público-privada para construir vivienda protegida y derogar las medidas de intervención del mercado.
La senadora del BNG Mari Carmen Da Silva, del Grupo Parlamentario Plural, ha cuestionado que Alberto Núñez Feijóo proponga construir más viviendas cuando, según ha señalado, su administración en Galicia construyó 14 entre 2015 y 2022. También ha acusado al PP de rechazar la protección de estos inmuebles y el uso del derecho de tanteo para recuperar pisos protegidos que han pasado al mercado.
Da Silva ha dirigido asimismo sus críticas al Gobierno central. Ha calificado de «cutre» el portal inmobiliario Casa 47 y ha descrito los dos decretos aprobados este martes como un «parche insuficiente», aunque ha reconocido su urgencia para ayudar a personas en una situación desesperada.
El senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, del Grupo Mixto, ha atribuido a la política del Gobierno desde 2018 la ruptura del equilibrio del mercado de la vivienda y un déficit de oferta de un millón de casas. Ha defendido construir más, liberalizar suelo, eliminar restricciones que vincula a criterios climáticos y de género y permitir edificios con alturas «razonables».
PNV y ERC cuestionan el alcance de la moción sobre las competencias autonómicas
El senador del Grupo Nacionalista Vasco Igotz López ha explicado que su formación comparte el reconocimiento del carácter permanente de la vivienda de protección pública, pero rechaza el sexto punto de la moción, relativo al análisis constitucional de las leyes autonómicas. «Suena a 155 en materia de vivienda», ha afirmado, antes de sostener que solo deberían delegar sus competencias al Estado las comunidades que no sepan o no quieran ejercerlas.
López también ha pedido modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para evitar que el alquiler habitual se desplace hacia el de temporada. Además, ha reclamado abordar la inseguridad jurídica que, a su juicio, está reduciendo la oferta.
La senadora de ERC Sara Bailac, del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, ha advertido igualmente de una invasión de competencias y ha exigido que se respeten. Al mismo tiempo, ha defendido que garantizar una vivienda digna requiere enfrentarse a los intereses de los especuladores.
Por último, Eduard Pujol, senador de Junts en el Grupo Parlamentario Plural, ha criticado que el debate sobre vivienda llegue «tarde y mal» y ha acusado al PSOE de aplicar propuestas que han frenado y colapsado el mercado.
