El Tribunal Supremo ha solicitado a la Junta Electoral Central (JEC) la entrega de documentación relacionada con la denominada 'ley de nietos', atendiendo a una petición de Iustitia Europa. Esta organización había solicitado que se rechazara la suspensión cautelar del procedimiento de elaboración del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), adoptada por la JEC.
A través de una diligencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo exige a la JEC que envíe el expediente administrativo pertinente en un plazo de veinte días, como parte de la resolución al recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iustitia Europa. Aunque la JEC había negado la suspensión cautelar del CERA, acordó pedir a la Oficina del Censo Electoral una instrucción para aplicar la 'ley de nietos', que otorga la nacionalidad española a los descendientes de exiliados.
El censo electoral no puede ser una caja negra
El organismo arbitral señaló que la inscripción de beneficiarios de la 'ley de nietos' en un municipio electoral debe estar adecuadamente motivada si no coincide con su último domicilio en España. Además, el alto tribunal ha decidido abrir una pieza separada para evaluar la suspensión de las altas CERA, petición incluida en el recurso de Iustitia Europa.
La JEC ha subrayado que la Constitución garantiza el derecho al voto de los electores residentes en el extranjero, remarcando que la administración electoral no puede alterar el criterio legislativo que establece las condiciones y procedimientos para el ejercicio de este derecho. Según la JEC, deben cumplirse todos los procedimientos vigentes mientras estos estén en vigor.
Por su parte, Iustitia Europa, a través de una nota de prensa, argumenta que no ha sido publicada la cifra exacta de nuevas altas en el CERA derivada de la 'ley de nietos'. Critican la falta de información pública sobre la distribución provincial, el método de adquisición de la nacionalidad, la oficina consular de origen y la trazabilidad documental de cada incorporación censal.
El presidente de Iustitia Europa, Luis Pardo, enfatizó que "quién vota, dónde vota y con qué respaldo jurídico y documental no puede quedar fuera del control público y judicial", reflejando su descontento con la actuación de la JEC al considerar que la información proporcionada por la Oficina del Censo Electoral es insuficiente.
