El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha manifestado su crítica este martes hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, por lo que considera una dejación de funciones respecto al auge del narcotráfico en la comunidad. En un evento relacionado con el 'Plan Venida 2026' en El Rocío, Sanz ha subrayado la necesidad de una acción estatal urgente paliar la pérdida de credibilidad del Estado tras los hechos de violencia recientes, como el tiroteo mortal en Isla Cristina y otros incidentes en Cádiz, Málaga y Sevilla.
Sanz ha destacado la alta preocupación del gobierno autonómico por la creciente presencia de mafias en la región y ha responsabilizado al ministro del Interior por el deterioro de la lucha contra el crimen organizado. Acusó al gobierno central de desmantelar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando estas requieren de un apoyo operativo y legislativo importante.
El vicepresidente ha insistido en la necesidad urgente de crear unidades especializadas permanentes con recursos materiales y humanos suficientes
El consejero ha pedido fortalecer las unidades de investigación, como la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Policía Nacional (UDYCO) y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), así como los grupos de intervención del GAR y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Resaltó la importancia de la inteligencia policial como mecanismo de anticipación y prevención contra el crimen organizado y urgió a proteger legal y socialmente a los agentes en esta batalla de Estado.
Entre sus exigencias al Ministerio del Interior, Sanz solicitó la declaración de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, una medida que afirma ha sido bloqueada reiteradamente en las Cortes. También demandó el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, el aumento estructural de las plantillas y mejorar las normas de enfrentamiento para combatir con eficacia las narcolanchas y vehículos armados.
Finalmente, Sanz instó a implementar un paquete de reformas legislativas que incluya sanciones más severas para el reclutamiento y uso de menores por parte del narcotráfico. Hizo un llamamiento a La Moncloa para que actúe contra la inseguridad provocada por la expansión del narcotráfico en la región, solicitando un Plan Estatal General de Acción contra el Crimen Organizado que prevea zonas de especial singularidad garantizando el principio de autoridad.
