Andalucía
La investigación del accidente de Adamuz tiene prevista para el 12 de noviembre de 2026 una diligencia de acceso, descifrado e interpretación de las cajas negras de los dos trenes siniestrados. La jueza ha citado a técnicos de Iryo, Renfe y otras empresas, además de los peritos judiciales, según informó Europa Press el 22 de octubre. El análisis de los registradores y las pruebas sobre la infraestructura forman parte de las actuaciones para esclarecer el accidente. El siniestro ocurrió el 18 de enero de 2026 en el municipio cordobés. El Ministerio de Transportes describió el descarrilamiento del Iryo 6189 y su posterior colisión con el Alvia 2384. La documentación oficial sobre las ayudas a las víctimas recoge un balance de 46 fallecidos y 122 personas heridas. La convocatoria de noviembre se centra en los datos contenidos en los registradores de ambos trenes. Se trata de una actuación anunciada: la información sobre la citación no adelanta qué resultados ofrecerá su interpretación ni establece conclusiones sobre las causas del siniestro. La soldadura y los materiales de la vía, bajo examen Otra parte de las pesquisas examina el estado de la infraestructura. RTVE informó el 3 de septiembre, a partir de un acta de inspección ocular de la Guardia Civil, de una fractura localizada en una soldadura entre segmentos de carril fabricados en 1989 y 2023. Ese hallazgo debe distinguirse de una explicación definitiva del accidente. La información sobre el acta señalaba que la inspección no determina por sí sola la causa y que seguían pendientes análisis periciales. La presencia de la fractura es, por tanto, un elemento que debe evaluarse junto con las demás pruebas. Las comprobaciones también abarcan el balasto y las traviesas de la zona del siniestro. La Cadena SER informó el 16 de octubre de que la Guardia Civil…
El empleo en Canarias alcanzó los 1.073.600 ocupados en el tercer trimestre de 2026, tras sumar 38.100 personas respecto al trimestre anterior. Fue el mayor incremento absoluto entre las comunidades autónomas, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El desglose del empleo asalariado muestra, además, un avance de los contratos indefinidos superior al de los temporales. La comparación anual también refleja un aumento de la ocupación. Los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) sitúan el crecimiento en 65.700 personas respecto al tercer trimestre de 2025, un 6,5% más. El liderazgo autonómico de Canarias se refiere al número de ocupados incorporados durante el trimestre, no al ritmo porcentual de crecimiento. En términos relativos, el mayor aumento correspondió a Baleares, de acuerdo con el INE. El empleo indefinido gana peso en el avance de los asalariados Entre los trabajadores por cuenta ajena, el ISTAC contabilizó 48.400 asalariados más con contrato indefinido que en el trimestre anterior, frente a un aumento de 14.100 temporales. La tasa de temporalidad se situó en el 15,8%. Estas cifras permiten identificar la modalidad contractual en la que se concentró el aumento del empleo asalariado. No bastan, sin embargo, para evaluar por sí solas los salarios, la estabilidad efectiva de los puestos o el conjunto de las condiciones laborales. Una tasa de paro del 10,92%, próxima a la de finales de 2007 El número de desempleados quedó en 131.600 y la tasa de paro se situó en el 10,92%, según las cifras de la EPA recogidas por Europa Press. El registro canario superó en 0,74 puntos porcentuales la media nacional, del 10,18% en el mismo trimestre. La perspectiva histórica ayuda a dimensionar ese nivel de desempleo. Canarias Ahora, de elDiario.es, lo compara con el 10,9% registrado en el cuarto trimestre de…
La adjudicación de vivienda protegida en Andalucía combina criterios municipales con requisitos autonómicos. Los ayuntamientos regulan mediante ordenanzas sus registros de demandantes y los sistemas de selección, pero su margen de decisión está sujeto a los principios que establece la ley. Esa distribución de competencias es la referencia para entender el compromiso de prioridad nacional incluido en el acuerdo de gobierno de PP y Vox. El pacto contempla ese principio para el acceso a vivienda protegida y alude a un periodo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación, según informó RTVE el 3 de julio de 2026. El compromiso político y las condiciones legales de acceso son, sin embargo, planos distintos: la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía fija los requisitos y procedimientos que deben respetarse en las adjudicaciones. El margen municipal para seleccionar a los adjudicatarios La ley, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 24 de diciembre de 2025 y vigente desde enero de 2026, establece dos vías para seleccionar a los adjudicatarios de vivienda protegida de nueva construcción: un listado priorizado del Registro Público Municipal de Demandantes o una convocatoria municipal. Ambos procedimientos deben ajustarse a los principios de publicidad, igualdad y pública concurrencia. La información oficial de la Junta sobre estos registros concreta el papel de las ordenanzas locales. Cada registro se rige por su propia ordenanza y la selección puede realizarse mediante baremación, sorteo, antigüedad u otros sistemas definidos por el municipio. Esas reglas deben respetar también la transparencia. Por tanto, los sistemas de selección pueden variar entre municipios, pero las ordenanzas no sustituyen el marco autonómico. La capacidad local consiste en regular el procedimiento dentro de esos límites, no en establecer condiciones al margen de ellos. Empadronamiento e inscripción: los requisitos generales Entre los requisitos generales de acceso, la Ley 5/2025…
La construcción de viviendas en Canarias crece en el segmento libre, pero no registra nuevos inicios de vivienda protegida durante el primer semestre de 2026. Los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), publicados el 22 de octubre, contabilizan 2.565 viviendas de promoción libre iniciadas, un 17,7% más que en el mismo periodo de 2025. El contraste aparece en la promoción protegida: entre enero y junio no se solicitaron calificaciones provisionales, por lo que la estadística no recoge ninguna vivienda iniciada de esta categoría. En el conjunto de 2025 se habían registrado 379. La comparación corresponde a periodos de distinta duración, pero permite situar el punto de partida de 2026. Estos indicadores muestran una evolución desigual de la actividad residencial. También obligan a distinguir en qué fase se encuentra cada promoción: los proyectos visados, las viviendas iniciadas y las obras terminadas ofrecen información diferente y no pueden sumarse ni utilizarse como cifras equivalentes. Más visados, pero no todos son viviendas acabadas La estadística de visados y certificados de fin de obra del ISTAC refleja un aumento de ambos indicadores en 2025. Las viviendas nuevas con visado pasaron de 3.605 en 2024 a 5.031 en 2025. Por separado, los certificados de fin de obra ascendieron a 3.218, frente a los 2.262 del ejercicio anterior. El visado corresponde al proyecto, mientras que el certificado de fin de obra acredita su terminación. Por tanto, las cifras de un mismo año no representan necesariamente las mismas promociones ni permiten interpretar todos los proyectos visados como nueva oferta residencial ya terminada. La distinción resulta especialmente relevante para leer las previsiones de 2026. El Gobierno de Canarias comunicó el 5 de octubre que entre enero y abril se habían visado 2.287 viviendas, un 33,7% más que en el primer cuatrimestre de 2025. Con ese ritmo como…
La trayectoria de Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla entre 1999 y 2011, tuvo una vertiente vinculada al desarrollo empresarial de la ciudad: el reconocimiento a su papel en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja y su posterior responsabilidad en la Zona Franca. Su fallecimiento, del que informó Europa Press el 26 de octubre de 2026, devuelve la atención a esas dos etapas de su actividad pública. La relación con Cartuja quedó recogida en el homenaje municipal de 2021, cuando el Ayuntamiento anunció la denominación de una plaza en su honor junto a la Torre Sevilla. Las entidades promotoras de aquel reconocimiento destacaban su contribución al desarrollo del parque y a la atracción de empresas e instituciones, según la información publicada por el Consistorio. Ese reconocimiento permite identificar una parte de su legado económico e institucional, aunque no constituye una medición de su aportación individual a la evolución del recinto empresarial. La dimensión empresarial de Cartuja Los datos oficiales posteriores ayudan a dimensionar el parque. Un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en septiembre de 2024 recogía 567 empresas, 29.538 empleos directos y 4.850 millones de euros de actividad económica. Como referencia anterior, la Junta había situado las cifras de 2023 en casi 560 empresas, 29.159 empleos directos y 4.490 millones de euros de actividad. Ambos documentos describen la escala empresarial y laboral de Cartuja en esos periodos, años después de que Monteseirín dejara la Alcaldía. La otra responsabilidad económica documentada de su trayectoria fue la de delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla. Su vinculación con esta institución se prolongó hasta 2024: el Boletín Oficial del Estado publicó el 11 de septiembre de ese año su cese, dispuesto mediante una orden de 4 de septiembre.
Las empresas del sector aeronáutico andaluz podrán concurrir en 2027 a una nueva convocatoria europea de ayudas dotada con más de 200 millones de euros para impulsar una aviación más sostenible. Los incentivos se canalizarán a través de CAJU (Clean Aviation Joint Undertaking), la iniciativa de la Unión Europea dedicada a apoyar la investigación y la innovación en este ámbito. El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha avanzado esta oportunidad tras reunirse en Bruselas con el responsable de Coordinación de Programas de Clean Aviation, Sebastien Dubois, y otros miembros de su equipo directivo, entre ellos el jefe del área de Sinergias, Daniele Violato. La convocatoria, abierta al conjunto de la UE, está prevista para principios de 2027. Durante el encuentro, ambas partes han revisado el acuerdo de cooperación suscrito por la Junta de Andalucía y Clean Aviation en 2025 y han abordado cómo preparar la participación de la industria andaluza en las próximas ayudas. También han valorado la posibilidad de organizar una jornada de trabajo en Sevilla para explicar los detalles de la convocatoria. La convocatoria de 2027 abrirá nuevas oportunidades de financiación para los proyectos andaluces de aviación sostenible Paradela ha defendido la importancia estratégica del sector aeronáutico para Andalucía y la necesidad de acercar las políticas regionales de innovación e industria a las de la Unión Europea. Violato, por su parte, ha destacado la propuesta andaluza de alinear recursos y capacidades con los planteamientos europeos para avanzar hacia un ecosistema aeronáutico más competitivo y sostenible. La reunión se ha celebrado en el marco de la Semana Europea del Hidrógeno, programada del 26 al 30 de octubre. La presencia del consejero en esta cita busca dar a conocer los proyectos que se desarrollan en Andalucía y reforzar su posición en la producción, distribución y exportación…
Alfredo Sánchez Monteseirín fue alcalde de Sevilla entre 1999 y 2011, una etapa cuyo cierre permite situar uno de los activos industriales de la ciudad: la línea de montaje final y el centro de entrega del A400M. Un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado en agosto de 2011 recogía ambas instalaciones dentro de la participación industrial española en el programa.El fallecimiento del exalcalde fue comunicado el 26 de octubre de 2026 por la Diputación de Sevilla. Europa Press informó de que murió a los 69 años tras una larga enfermedad. Antes de sus tres mandatos municipales, había presidido la institución provincial entre 1995 y 1999, según la cronología institucional.La presencia del A400M aporta una referencia concreta para examinar la dimensión empresarial de Sevilla al finalizar aquellos años. La documentación del BOE identificaba dos funciones de la ciudad dentro del programa: el montaje final del avión y su entrega. Ese es el alcance industrial que acredita el texto normativo de 2011.La siguiente iniciativa documentada corresponde ya a una etapa posterior a su paso por la Alcaldía. El 18 de octubre de 2012, Aena anunció un acuerdo con Airbus Military para desarrollar un parque industrial aeronáutico en terrenos del aeropuerto de Sevilla.El comunicado de Aena describía el proyecto y sus condiciones previstas. Se trataba de un anuncio de desarrollo industrial, distinto de las instalaciones del A400M que el BOE había recogido el año anterior. Ambos documentos permiten distinguir entre la actividad aeronáutica presente al término de los mandatos de Monteseirín y los planes de expansión anunciados después.
El acuerdo entre Navarra y el Estado para transferir la competencia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) atribuye a la Administración foral una valoración económica aproximada de 13,3 millones de euros, según la información publicada por EFE el 15 de octubre de 2026. La cifra corresponde a los servicios objeto del traspaso, no al conjunto de la financiación pública de la investigación en Navarra. La clave para interpretar ese importe está en las partidas elegidas para calcularlo. La valoración parte de unos 829 millones de euros de los presupuestos estatales destinados a actividades estructurales, permanentes o directamente vinculadas al funcionamiento de los servicios que se transfieren, de acuerdo con la agencia. Por tanto, los 829 millones son la base estatal utilizada para la valoración, no una cantidad que vaya a recibir íntegramente Navarra. Los 13,3 millones son la parte atribuida a la Comunidad foral en ese cálculo. Un traspaso sobre una política de innovación ya existente El acuerdo se incorpora a un ámbito en el que Navarra ya contaba con regulación y programas propios. La Ley Foral 15/2018 de Ciencia y Tecnología recoge entre sus objetivos la cooperación entre los agentes del sistema y la relación de la investigación y la innovación con el tejido productivo. Como ejemplo de esa actividad, el Gobierno de Navarra anunció en enero de 2026 convocatorias de innovación empresarial por 2,55 millones de euros. Ese importe corresponde a unas ayudas concretas y no constituye una magnitud equivalente a la valoración de los servicios transferidos. La negociación del traspaso figuraba en la agenda de ambas administraciones desde enero de 2024. Entonces, el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno navarro incluyeron expresamente la investigación, el desarrollo y la innovación entre las materias que abordarían mediante el diálogo bilateral.
Las ayudas económicas para Ceuta aprobadas tras la crisis iniciada a finales de julio de 2026 distinguen entre el apoyo al tejido empresarial y la financiación de los servicios públicos. El paquete contempla 5.000 euros para empresarios y profesionales que sean personas físicas, ayudas de hasta 150.000 euros para entidades y una línea de avales estatales de hasta 50 millones. A estas medidas se añade una financiación extraordinaria de 45,32 millones para la Ciudad de Ceuta. Son instrumentos con destinatarios y finalidades diferentes. Las ayudas directas apoyan a la actividad empresarial afectada; los avales respaldan operaciones de financiación; y las subvenciones a la Administración ceutí cubren gastos públicos extraordinarios. Sus importes no constituyen una única bolsa de subvenciones para empresas. Ayudas directas y avales para empresas y autónomos El Real Decreto-ley 22/2026, aprobado el 1 de septiembre y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado, regula las ayudas directas para empresarios y profesionales afectados por la crisis. La cuantía para personas físicas es de 5.000 euros. Para las entidades, la norma establece importes de entre 10.000 y 150.000 euros, en función de su cifra neta de negocios. El acceso está sujeto a los requisitos recogidos en el decreto-ley. El plazo de solicitud termina el 30 de noviembre de 2026, la fecha relevante para quienes quieran acogerse a este apoyo. La misma norma prevé una línea de avales estatales de hasta 50 millones de euros para financiación de empresas y autónomos. A diferencia de las ayudas directas, este instrumento respalda financiación: su límite máximo no equivale a una transferencia de ese importe a los beneficiarios. El decreto-ley incluye también un crédito de un millón de euros para el Plan Ceuta Exporta y otro millón para promoción turística internacional. Ambas partidas tienen un destino específico, distinto del de las…
Las indemnizaciones del caso Magrudis mantienen abierta una negociación cercana a los 10 millones de euros en la que sigue pendiente concretar la aportación del Ayuntamiento de Sevilla. Según publicó El País el 23 de octubre de 2026, los abogados de los afectados esperan que el Consistorio cubra la parte que no alcancen los compromisos de las aseguradoras municipales.La Audiencia de Sevilla ha ampliado hasta el 3 de noviembre de 2026 el plazo para intentar un acuerdo que evite el juicio, según informó EFE el 23 de octubre, citando a letrados de las víctimas. La discusión combina dos cuestiones distintas: cómo financiar las compensaciones y qué relación tendría la responsabilidad civil municipal con el resultado penal de la inspectora veterinaria encausada.Qué cantidades se negocian con las aseguradorasLa cifra próxima a los 10 millones descrita por El País corresponde al importe que las partes intentan cubrir mediante la negociación. No es una indemnización fijada por sentencia ni una cantidad atribuida íntegramente al Ayuntamiento.Las aseguradoras municipales tienen un papel relevante en ese intento de acuerdo. El 16 de octubre, el mismo diario recogió, según los abogados, compromisos de hasta seis millones de euros por parte de una de ellas y de 1,2 millones por parte de la otra. Una semana después informó de que una aseguradora había elevado su aportación para acercar la cobertura al montante negociado.Esas referencias describen momentos diferentes de las conversaciones, no pagos ya realizados. Según los letrados consultados por El País el 23 de octubre, todavía quedaría una parte pendiente que esperan que asuma el Consistorio, sin que la información permita establecer una aportación municipal definitiva.El desacuerdo sobre la responsabilidad del AyuntamientoEl Ayuntamiento figura en la causa como responsable civil subsidiario, según las informaciones periodísticas. Sin embargo, las partes discrepan sobre cómo puede resolverse la compensación a los…