El Defensor del Pueblo Andaluz ha cerrado una queja de oficio iniciada en diciembre de 2022. Esta investigación, desarrollada a lo largo de 2023, estaba dirigida a la extinta Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, motivada por la presunta inacción en la retirada de elementos que contravienen la memoria democrática en municipios de más de 20.000 habitantes. Entre las entidades implicadas figuran colegios cuya denominación podría estar en conflicto con los principios de la memoria histórica y democrática de Andalucía.
Entre los centros educativos destacados en el informe se encuentran el Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Miguel Sánchez López en Torredelcampo (Jaén), el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Augusto Santiago Bellido en Vélez Málaga (Málaga), el IES Tolosa en La Línea de la Concepción (Cádiz), así como los CEIP Coca de la Piñera y Alfonso de Orleans en Utrera (Sevilla).
El pasado 18 de mayo de 2026, la Defensoría recibió un comunicado de la Comisionada para la Concordia. El informe señala que, más de tres años después del inicio del proceso, aún se están recopilando las razones por las cuales ciertas denominaciones de centros podrían contradecir la memoria democrática. Además, se investiga si las figuras cuyos nombres llevan estos centros tienen alguna conexión histórica con el ámbito educativo que justifique su denominación.
El Defensor del Pueblo Andaluz reprocha la tardanza en un informe que podría haberse completado en 2023
El Defensor argumenta que, una vez agotada la tramitación del expediente abierto en 2023, las actuaciones se dan por concluidas. Sin embargo, se ha decidido realizar un seguimiento en tres meses para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas.
Inicialmente, en la queja de 2022, la Defensoría solicitaba información sobre los centros educativos de cada provincia cuya denominación podría ir en contra de las leyes de memoria democrática. También pedía detalles sobre las consultas al comité técnico para resolver posibles dudas sobre las denominaciones, y las acciones emprendidas para el cambio de nombres, así como su estado de tramitación.
