El Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a una proposición no de ley que insta al Gobierno central a garantizar la "prioridad nacional de los españoles" en el acceso a viviendas sociales o protegidas. La medida, que también busca dar preferencia a los españoles en la recepción de ayudas relacionadas con la vivienda, fue aprobada con 63 votos a favor y 41 en contra, contando con el respaldo del PP-A y Vox, y la oposición de otros grupos parlamentarios.
La iniciativa de Vox solicita al Ejecutivo nacional la repatriación de inmigrantes en situación ilegal, así como la remigración de extranjeros que no contribuyan a la economía y pretendan depender de ayudas sociales. También se pide la deportación inmediata de extranjeros que cometan delitos graves o estén involucrados en actividades delictivas menores de forma habitual.
El diputado de Vox, Ricardo López, ha argumentado que existe un déficit de 750.000 viviendas, destacando el impacto de las personas migrantes en este ámbito. López ha criticado las políticas del Gobierno central, acusando al PSOE y Frente Amplio de hipocresía al poseer numerosas propiedades mientras, según él, facilitan un "efecto llamada" que perjudica a los ciudadanos españoles.
El Parlamento de Andalucía reclama priorizar a los españoles en el acceso a ayudas y viviendas sociales mediante una proposición no de ley
La oposición ha calificado la propuesta de "xenófoba". Daniel Pérez, parlamentario del PSOE-A, ha criticado a Vox por centrarse en deportaciones en lugar de proponer soluciones concretas al problema de la vivienda. Pérez ha cuestionado la falta de propuestas reales del Gobierno andaluz y ha defendido los esfuerzos del Ejecutivo central por detener los desahucios.
Por su parte, el diputado de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, ha subrayado el carácter históricamente migrante de Andalucía y ha condenado la culpabilización de los inmigrantes por parte de Vox. Ernesto Alba, de Por Andalucía, también se ha mostrado crítico con la especulación de fondos de inversión extranjeros y ha acusado al PP de colaborar con un partido que fomenta el racismo y el clasismo.
El texto aprobado por el parlamento andaluz también solicita al Gobierno nacional que frene la adquisición masiva de viviendas por capital extranjero mediante una fiscalidad diferenciada, destinando lo recaudado a bonificaciones para la compra de vivienda por españoles. Además, se proponen reformas legales para facilitar la posesión de una primera vivienda sin cargas fiscales para los nacionales, y una revisión de las tasas e impuestos autonómicos y locales que encarecen el coste final de los inmuebles.
Entre otras demandas, Vox ha instado al Gobierno a aumentar la construcción de viviendas nuevas, simplificar los trámites administrativos y facilitar la financiación para promotores y constructores nacionales. Se sugiere, asimismo, el incremento de las viviendas protegidas y sociales mediante fórmulas de colaboración público-privada, así como la modificación legal para evitar que el empadronamiento en inmuebles ocupados ilegalmente genere derechos y garantizar el desalojo de los ocupantes ilegales en menos de 24 horas.
