Las familias de los dos andaluces detenidos en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 planean llevar a cabo una concentración con corte de tráfico pacífico el próximo sábado 10 de octubre en Granada. La cita será a las 11 de la mañana frente a la Subdelegación del Gobierno. Esta acción busca denunciar lo que consideran un abandono por parte del Ejecutivo español en el caso, ante la proximidad de un juicio que, aseguran, se celebrará sin pruebas.
La Asociación de Ayuda Javier y David - Derechos Humanos ha señalado que el objetivo de esta concentración es visibilizar la situación crítica que atraviesan David Rodríguez Ballesta, originario de Granada, y Javier Marañón Montero, de Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba. Según la asociación, ambos fueron detenidos arbitrariamente y se encuentran en la prisión de Black Beach en Malabo, conocida por ser una de las más peligrosas del mundo. Estos españoles, empleados del sector de las telecomunicaciones, habrían sido utilizados como rehenes en un conflicto económico del que no formaban parte.
Los detenidos estaban vinculados a una empresa contratada para el despliegue de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Guinea Ecuatorial. La asociación destaca que el juicio inminente al que se enfrentan carece totalmente de pruebas de cargo. Se les pretende acusar de enriquecimiento ilícito, un delito que, según la ley ecuatoguineana, solo aplica a funcionarios públicos. Las familias critican que el Gobierno de España no ha sido efectivo en su gestión del caso, limitándose a respuestas de trámite y a una asistencia consular que consideran ineficaz, sin buscar presiones políticas ni coordinación con el Parlamento Europeo.
El juicio en Guinea Ecuatorial contra los dos andaluces se celebrará, según denuncian las familias, sin pruebas y en un contexto de abandono por parte del Gobierno español
Adicionalmente, las familias recalcan el riesgo vital e insalubridad que enfrentan Javier y David en prisión. Aseguran que padecen patologías crónicas sin atención médica adecuada, sobreviven sin agua potable ni comida saludable proporcionada por el penal y han superado con creces el límite legal de prisión preventiva. Las visitas de sus abogados han sido prohibidas repetidamente y tampoco se permite la entrada de un médico que evalúe sus condiciones de salud.
