La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado una denuncia administrativa ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) para solicitar una intervención urgente que garantice la seguridad del sistema ferroviario en España. Esta medida se tomó tras el trágico accidente ocurrido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba, que resultó en la pérdida de 46 vidas y 432 heridos.
El documento, firmado por el abogado Antonio Benítez Ostos, socio-director de Administrativando Abogados, se fundamenta en diligencias de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil. Según indica, el carril afectado presentaba una rotura significativa horas antes del accidente. Esta acción busca respaldar los requerimientos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que expone deficiencias del sistema actual y su incapacidad para alertar de inmediato sobre roturas en las vías.
El sistema ferroviario español acumula más de cien roturas de vía al año, según un escrito presentado a la ERA
Además, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha difundido advertencias técnicas sobre graves deficiencias en la infraestructura, incluyendo problemas como la inestabilidad en la rodadura y materiales sometidos a fatiga. Asimismo, se mencionan problemas relacionados con el sobrepeso en las vías debido a operadores de bajo coste y critican el uso frecuente de marchas a la vista en tramos dañados en vez de realizar reparaciones definitivas.
El escrito también destaca carencias en la seguridad técnica y de emergencia, como la falta de cámaras de videovigilancia exteriores en los trenes y sistemas autónomos de geolocalización inmediata. Además, denuncia que los servicios autonómicos de emergencias no cuentan con protocolos coordinados en toda España.
Antonio Benítez Ostos, portavoz jurídico de la asociación, ha manifestado su preocupación ante lo que considera evidencias de que las medidas vigentes no son suficientes para asegurar la seguridad de los pasajeros. Recuerda que la Agencia Ferroviaria Europea ya intervino en el caso Alvia, criticando la investigación de la CIAF por no ser independiente y por irregularidades en su proceso.
La asociación pide una auditoría europea para evaluar la gestión de las autoridades nacionales en cuanto a seguridad ferroviaria. Benítez Ostos destaca que, pese a requerimientos para suspender el sistema ferroviario hasta certificar su seguridad, no se han adoptado las medidas necesarias. La intención es asegurar que el transporte ferroviario en España sea completamente fiable para evitar futuros siniestros.
