Los disturbios del 24 de octubre de 2026 en el centro de Barcelona dejaron 23 comercios vandalizados, según el balance de los Mossos d’Esquadra difundido por EFE al día siguiente. La afectación a los establecimientos sitúa la reparación de los daños entre las cuestiones centrales tras los incidentes: la ley contempla responsabilidad civil cuando los autores son menores, pero el anuncio de actuación judicial del Ayuntamiento se refiere a la defensa de los bienes públicos.
El recuento publicado el 25 de octubre, también recogido por Europa Press, elevó a 128 el número de detenidos. La primera información difundida el día de los incidentes hablaba de 14 establecimientos afectados y alrededor de un centenar de detenciones. Se trata de balances correspondientes a momentos distintos.
El alcalde, Jaume Collboni, anunció el 25 de octubre que el consistorio se personaría en las causas relacionadas con los disturbios y buscaría responsabilidades por los desperfectos. La cobertura de sus declaraciones publicada por ElNacional.cat concretó que esa personación tendría como finalidad defender los bienes públicos vandalizados.
La actuación municipal anunciada no equivale a una reclamación en nombre de los comercios privados. Son ámbitos distintos que conviene separar para entender el alcance de la decisión comunicada por el alcalde.
Qué responsabilidad pueden tener los padres por los daños
La Ley Orgánica 5/2000 recoge una regla específica para los daños y perjuicios causados por menores. Su artículo 61.3 establece que responden civilmente, de forma solidaria con el menor y por este orden, sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho.
La norma permite al juez moderar la responsabilidad de estos últimos en determinadas circunstancias. Por tanto, una detención no determina por sí sola la obligación de pagar los daños: debe establecerse la responsabilidad por los hechos y atenderse a las circunstancias del caso.
El anuncio político de buscar responsabilidades tampoco sustituye esa valoración judicial. La responsabilidad civil prevista en la ley y la responsabilidad penal son cuestiones distintas; la primera no permite atribuir automáticamente a los padres un delito cometido por sus hijos.
El Código Civil también contempla, en su artículo 1903, la responsabilidad de los padres por los daños causados por hijos bajo su guarda. No obstante, para los hechos delictivos atribuidos a menores, la Ley Orgánica 5/2000 contiene reglas específicas. El análisis de cada reclamación debe ajustarse al cauce jurídico aplicable y a las circunstancias acreditadas.
