El Gobierno confía en aprobar los decretos más urgentes y añade el de ayudas para prevenir los incendios forestales
El Ejecutivo socialista confía en poder aprobar este jueves en el Congreso los decretos de ahorro energético, autónomos y el de ayudas para prevenir y combatir los incendios forestales, en un contexto en el que la oposición crítica el despilfarro de dinero frente a la situación real de los españoles.
Los decretos suponen además otro intento de la política española por conjugar ideas tras varias semanas de inactividad, mientras la situación política y económica del continente avisa de una necesidad de actuación sin precedentes.
Por el momento, el Gobierno confía en poder aprobar al menos los decretos más importantes, que serían el relacionado con el ahorro energético y la Guerra de Ucrania, y el que incumbe a los tramos de los autónomos.
El pleno extraordinario del Congreso también debatirá otras normas, como el real decreto-ley sobre incendios forestales para paliar una "emergencia" que se extiende a todo el territorio y a cualquier época del año. La iniciativa con medidas urgentes en materia de incendios forestales, aprobada por el Gobierno al inicio de agosto, modifica la Ley 43/2003 de Montes para hacer frente a "una situación de emergencia que compromete gravemente la seguridad de las personas, las infraestructuras y el medio ambiente".
Además, se dará el visto bueno a la ley de libertad sexual, la llamada ley del "solo sí es sí", una ley que llega también con polémica, debido a las complicaciones en la interpretación del consentimiento sexual, pero que pone por fin diferenciación entre agresión y abuso sexual.
El decreto de autónomos
El nuevo sistema de cotización de autónomos por ingresos reales, que contará con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032, comenzará a aplicarse a partir de enero de 2023 con 15 tramos de cuotas que irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos de los trabajadores por cuenta propia.
Los autónomos tendrán la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.
El nuevo sistema también atiende a otra de las peticiones de los autónomos, la deducción de gastos de difícil justificación, entre los que la Seguridad Social pone como ejemplo los ordenadores, el alquiler de locales o la compra de suministro. Esta deducción será del 7% para los autónomos y del 3% para los autónomos societarios.
La tarifa plana del actual RETA se integra también en el nuevo modelo, aunque pasará a llamarse cuota reducida para los autónomos que inicien su actividad y será de 80 euros al mes durante doce meses para todos los nuevos autónomos.
Pasado ese periodo, esa cuota reducida solo se prorrogará para los autónomos que no hayan conseguido que sus rendimientos despeguen y sigan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Para el resto, se aplicará la cuota correspondiente a su tramo de cotización según sus rendimientos netos.
De momento, el Gobierno espera cuenta con la aprobación del Partido Popular y Unidas Podemos, lo que bastaría para que este decreto saliera adelante. Por el contrario, Vox y Ciudadanos votarán en contra de la aprobación de esta medida.
El decreto de ahorro energético
Aprobado el pasado 1 de agosto, el decreto ley recoge el primer paquete de medidas de ahorro energético previstas para cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas, ante el riesgo de un corte de suministro por parte de Rusia, así como ayudas para el fomento del transporte público como la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia desde el 1 de septiembre hasta final de año.
Las medidas incluyen algunas obligaciones polémicas, pues se aplican por igual a todo el país, aunque la generación de energía, el clima, la densidad de población e incluso el consumo de ciertos elementos energéticos son totalmente diferentes.
Una de estas medidas es la de la obligatoriedad de los cerramientos en los locales (u hogares) comerciales que posean aire acondicionado, que afecta de forma muy desigual a todo el país.
Así lo ha destacado Ana Oramas, de Coalición Canaria, aludiendo a que en Canarias "la temperatura no suele bajar de los veinte grados y no se usa gas". Si el decreto finalmente sale adelante, los pequeños comercios canarios tendrán que adecuarse a esta medida, aunque el uso del aire acondicionado en esta comunidad está muy por encima de la media de la mayoría de regiones de España.
Por otro lado, la oposición también ha criticado al Gobierno su torpeza en las relaciones exteriores con Argelia, principal suministrador de gas a España, y su incapacidad para gestionar la crisis energética y económica.
De momento, el Gobierno cuenta con el voto favorable del PNV, Más País-Equo, Compromís y el PRC, y tiene garantías de que Esquerra Republicana y EH-Bildu no se opondrán a su convalidación.
Con quien no podrá contar el Gobierno es con el PP, Vox y Ciudadanos, que ya han avanzado su voto en contra pese a reconocer como positivas varias de las medidas, al menos PP y Cs, particularmente en lo que respecta a las ayudas al transporte ferroviario y las becas al estudio.
