El Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará esta semana su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida, según fuentes del Ejecutivo autonómico. La normativa tiene como objetivo principal facilitar el acceso a viviendas asequibles para jóvenes y familias, impulsando la construcción de 18.000 nuevos hogares y reduciendo los plazos de edificación.
Entre las medidas destacadas se encuentra la creación de incentivos para mejorar la capacidad de construcción sin necesidad de utilizar nuevo suelo, incrementando hasta un 30% la densidad y en un 20% la edificabilidad. Esta iniciativa busca adaptarse a la demanda actual de vivienda protegida en la región.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha enfatizado que este plan responde a una de sus prioridades desde 2019: facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Actualmente, la región lidera la construcción de vivienda pública en España, representando más del 40% del total nacional, y ha entregado ya más de 5.300 hogares del Plan Vive de alquiler asequible, con un objetivo de alcanzar las 14.000 viviendas en 2027.
Desde 2019, se han implementado 14 rebajas fiscales destinadas a facilitar la compra de viviendas, especialmente para menores de 25 años.
Otras medidas incluyen la ampliación del límite de edad para acceder a avales hipotecarios de 40 a 50 años y cambios legales para transformar oficinas en viviendas de alquiler, añadiendo 8.000 nuevos hogares al mercado. Además, el programa Mi Primera Vivienda ha aumentado el importe máximo subvencionable a 425.000 euros para facilitar la obtención de hipotecas del 100%.
De cara a 2026, la inversión pública en vivienda social se incrementará en un 24%, sumando más de 700 viviendas para familias vulnerables. También se ha permitido la construcción de vivienda protegida en terrenos privados mediante modificación del uso del suelo y se han lanzado nuevas ayudas para familias numerosas y monoparentales. La ley busca también aumentar la oferta de alquiler en pequeños municipios mediante la recuperación de modelos como el arrendamiento con opción a compra y la eliminación de tasas para mediar entre propietarios e inquilinos.
Según el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, la legislación pretende ampliar la disponibilidad de viviendas para los madrileños mediante la agilización de trámites y la reducción de la carga burocrática, en respuesta a las demandas de los ciudadanos. Asimismo, destacó el esfuerzo continuo del Gobierno regional por abordar lo que considera "el principal reto del país".
