El Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una iniciativa que contará con un presupuesto de hasta 7.000 millones de euros, triplicando la inversión del plan anterior. Este ambicioso proyecto busca aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, destinando el 40% de su presupuesto a este fin. Otro 30% se destinará a la rehabilitación del parque de viviendas existente, y el 30% restante se dirigirá a ayudas para la emancipación juvenil, reducción de la tasa de esfuerzo financiero y actuaciones en zonas tensionadas.
Una de las novedades del plan es la introducción de la protección indefinida de las viviendas públicas, de modo que las propiedades adquiridas y promovidas con estos fondos mantendrán el carácter de protegidas de forma permanente. Además, el Estado asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas deberán aportar el 40% restante. Este cambio ha sido criticado por gobiernos autonómicos del Partido Popular, quienes consideran que la medida rompe con el principio de igualdad y autonomía.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se articula en torno a cinco ejes: la construcción y adquisición de vivienda pública, la rehabilitación para mejorar eficiencia y accesibilidad, el apoyo a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo y la atención a zonas de mercado tensionado.
El texto, que ha recibido aportaciones de las comunidades, enfrenta un retraso de casi cuatro meses respecto a los planes originales. Originalmente debía aprobarse a finales del año pasado, pero se pospuso para lograr un acuerdo con las autonomías. Será presentado como un Real Decreto, evitando así la necesidad de aval del Congreso de los Diputados, y entrará en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado, aunque retroactivamente desde el 1 de enero.
El nuevo plan incluye ayudas para jóvenes en alquiler con opción a compra de viviendas protegidas, con una protección permanente de hasta 300.000 euros, y más de 10.800 euros para aquellos que adquieran o construyan su primera vivienda en municipios con riesgo demográfico. Se incrementa el bono alquiler joven a 300 euros mensuales, y se establecen ayudas de hasta 250 euros para alquiler de vivienda habitual, incluyendo colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género y afectados por desahucios.
Además, prevé subvenciones para rehabilitar viviendas, incluyendo hasta 8.000 euros para mejoras estructurales, 13.000 euros para accesibilidad y 20.500 euros para rehabilitación energética. También se ofrece apoyo para la rehabilitación de viviendas vacías con hasta 35.000 euros si luego son alquiladas de manera asequible por un mínimo de cinco años.
Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha anunciado que el plan incluirá una "cláusula antifraude" para evitar amaños en la adjudicación de vivienda de protección oficial, en respuesta a un caso actualmente investigado en Alicante. Esta medida establece que ninguna promoción financiada con fondos públicos carecerá de registros transparentes y objetivos. Será obligatorio un registro público de demandantes y sorteos ante notario, como garantías que deben cumplir quienes aspiren a parte del presupuesto del plan. La Administración supervisará el cumplimiento de estos criterios para asegurar la integridad en el manejo de los 7.000 millones de euros destinados a estas iniciativas.
