El Senado español ha aprobado su dictamen sobre la Ley reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario, la normativa que regulará el mercado hipotecario de nuestro país en cuanto entre en vigor.
Sin embargo, como señalan desde el comparador financiero HelpMyCash.com, los representantes de la cámara alta han aprovechado el trámite para añadir ciertas enmiendas que modifican aspectos clave del texto que se remitió en su momento desde el Congreso de los Diputados: la fecha de aplicación de la norma, el coste de ciertas comisiones, las condiciones de los seguros vinculados…
Encarecimiento de la cancelación de las hipotecas fijas
Todas las enmiendas aprobadas se han añadido a propuesta y con los votos a favor del grupo parlamentario del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en la cámara alta. De entre todas las modificaciones, destaca especialmente la que pretende encarecer la comisión que los bancos podrán cobrar por la amortización anticipada de una hipoteca a tipo fijo. El texto aprobado por el Congreso de los Diputados limitaba esa penalización al 2% durante la primera década y al 1,5% posteriormente, pero el Senado propone doblarla: 4% en los primeros 10 años y 3% en los siguientes.
Veamos cómo se traduce eso en euros. Imaginemos que nos encontramos en la primera década de vida de nuestra hipoteca y queremos devolver 10.000 euros de golpe. Con la limitación propuesta por el Congreso, se nos podría cobrar una comisión máxima de 200 euros, mientras que con la enmienda del Senado, esa cantidad podría alcanzar los 400 euros, es decir, el doble. Cabe señalar, eso sí, que solo podría aplicarse esta penalización si se le generara una pérdida financiera a la entidad.
Por otra parte, el Partido Popular también ha aprobado enmiendas que cuentan con el visto bueno de ciertas asociaciones de consumidores. La más importante es la que propone obligar a los bancos a ofrecer seguros vinculados a sus hipotecas que puedan renovarse anualmente, lo que acabaría con las pólizas de prima única (a pagar íntegramente al inicio de la operación) o de prima única financiada (con el coste del seguro financiado con el propio préstamo hipotecario).
Dicho de otro modo, se propone que el banco ya no pueda obligar al cliente a abonar 4.000 o 5.000 euros de golpe por un seguro que dure cinco o diez años, algo que sucede actualmente con ciertos seguros de vida o de protección de pagos. Con esta enmienda se pretende que las pólizas ofrecidas por las entidades se puedan renovar siempre de año en año, lo que le daría al cliente la opción de comparar su seguro con el de otras compañías y la posibilidad de cambiarse cada 12 meses a la empresa que le ofreciera unas mejores condiciones.
Entrada en vigor dentro de tres meses
También es destacable la enmienda con la que se extiende el período de tiempo que tiene que pasar para que entre en vigor la ley hipotecaria, que se amplía desde los 30 días originales hasta los tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con este cambio, por lo tanto, la normativa no se aplicaría efectivamente hasta el mes de mayo.
La enmienda del Partido Popular deja fuera de ese período de tiempo los artículos 14 y 15, que regulan aspectos tan importantes como el reparto de los gastos de constitución, la información que deben recibir los clientes antes de la contratación o el test que debe pasarse en la notaría para certificar que se ha facilitado toda la documentación pertinente. Estos no entrarían en vigor hasta el "desarrollo reglamentario de las especificaciones de los medios telemáticos que deberán utilizarse para la remisión de la documentación al notario", así que su aplicación quedaría a merced de la celeridad de los legisladores.
Exenciones fiscales
Desde el grupo parlamentario del Partido Popular también han aprovechado la tramitación de la ley hipotecaria para intentar hacer realidad una de sus promesas electorales: eliminar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD). Y es que en una de sus enmiendas se propone que los bancos estén exentos de pagar este tributo cuando concedan una hipoteca para primera vivienda, lo que les ahorraría abonar entre el 0,5% y el 1,5% de la responsabilidad hipotecaria.
Asimismo, se propone crear un Crédito Verde que también estaría exento del pago de este impuesto. Dicho producto se podría solicitar para una instalación o modificación que generara ahorros medibles en gasto energético o agua, para invertir en mejoras de calificación energética en edificios en construcción o para financiar "mejoras cualificadas" a través de compras de energía a largo plazo.
El Congreso tendrá la última palabra
Sin embargo, desde el comparador HelpMyCash.com avisan de que varias de estas enmiendas podrían tener un tiempo corto de vida. Y es que según el artículo 123 del Reglamento del Congreso de los Diputados, las modificaciones propuestas por el Senado deben ser debatidas en el pleno de la cámara baja, donde las mayorías parlamentarias son muy distintas.
Por lo tanto, es muy probable que el texto final de la ley hipotecaria sea muy parecido al que el Congreso de los Diputados aprobó a finales del mes de diciembre del año pasado. De todos modos, debido a este nuevo trámite, lo que sí parece inevitable es que la promulgación de la normativa se demore algo más de lo que se esperaba, así que habrá que ver si finalmente entra en vigor durante el mes de marzo como estaba previsto o más tarde.
