España vuelve a impulsar las energías renovables con la vuelta de subastas con un nuevo marco retributivo, intentando dejar atrás los problemas que en forma de conflictos con las empresas han dejado las realizadas en los últimos años. El objetivo es, además, alinearse con los objetivos del Pacto Verde Europeo y la reducción de emisiones, con el horizonte de ser en el 2050 el primer continente climáticamente neutro.
Este mes de enero tendrá lugar la primera de las subastas en un proceso abierto con un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales al menos 1.000 MW se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 MW a la eólica terrestre, quedando el resto de potencia para la inclusión de otras tecnologías. El Gobierno pretende que hasta el año 2025 el volumen de las subastas pueda llegar hasta los 20 GW de renovables. Y según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 hasta ese año se deberán instalar 60 GW, con lo que deberá acelerar 40 GW en los últimos cinco años de la década de los años 20 del tercer milenio.
Para este proceso el Gobierno también ha lanzado una herramienta de ‘zonificación’ en la que detecta aquellos lugares donde es más conveniente la instalación de un tipo u otro de energía, además de tener en cuenta los espacios protegidos en los que el análisis de proyectos es altamente sensible. Las zonas afectadas por el fin del carbón y de las centrales térmicas puntuarán más para poder instalar energías renovables, dentro de los planes de transición justa para compensar la economía y el empleo perdidos.
El fin de año ha dejado un reguero de novedades energéticas dentro del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la también vicepresidenta Teresa Ribera. Además de la subasta, se ha aprobado el anteproyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, el cual “permitirá dar certidumbre sobre la sostenibilidad del sistema y facilitar la consecución de los objetivos de la transición energética y la recuperación verde”. Es la fórmula para afrontar el pago del precio de instalación de las energías renovables, calculado en 7.000 millones de euros al año.
De momento, la patronal de las eléctricas, Aelec, ha valorado en un comunicado de forma “muy positiva” la tramitación del proyecto de ley asegurando que “esta propuesta da coherencia al proceso de descarbonización y supone un impulso al proceso de transición energética”. Además señalan que permitirá cubrir los costes regulados y a la vez abaratar la factura eléctrica un 13%, ya que se financiarán con las ventas de todas las empresas de comercialización de energía, renovables y fósiles, y no sólo a través del recibo de la luz como hasta ahora. No obstante, esa subasta deja opiniones divergentes entre los operadores tradicionales y sus nuevos competidores que acceden a este jugoso mercado.
El proceso de quién asume estos costes será gradual, teniendo que asumir el sector energético en el primer año hasta el 20% de esos 7.000 millones, que deberían ser del 100% en el quinto año de vigencia. Entretanto, el resto se financiará vía Presupuestos o con el mercado de derechos de CO2.
Las decisiones del Ministerio van enfocadas a cumplir los compromisos de España en la agenda verde europea, acelerando para ello la transición energética hacia un modelo más renovable y buscando dejar al mínimo la huella de carbono para el año 2050. Uno de los objetivos marcados por el Gobierno de coalición también para aprovechar el dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para superar la pandemia. El “Next Generation EU” es un plan de 750.000 millones de euros que busca que las economías emprendan las transiciones ecológica y digital para ser más sostenibles y resilientes.
España ha sido uno de los países impulsores de la redacción más ambiciosa de la futura Ley del Clima Europea, un texto que arranca su trámite legislativo marcando un enfoque de reducción de emisiones de la UE de un 55% en el 2030. Un compromiso más ambicioso que lo acordado en la Cumbre de París, y que obligará además a todos los estados del club comunitario a poner en marcha estrategias y planes de adaptación. La normativa incluye además un mecanismo de seguimiento y evaluación cada 5 años del progreso hacia el objetivo de neutralidad climática y de adaptación y la coherencia de las políticas europeas y nacionales con dichos objetivos.
Mientras tanto en España ya se avanza con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que marca como objetivo nacional una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de España en 2030 de un -23% respecto a los niveles de 1990, el uso de un 42% de renovables sobre el total de la energía, una mejora del 39,5% de la eficiencia energética y un 74% de energía renovable en la generación eléctrica.
La apuesta por la energía renovable con un gran cambio en el sistema de producción eléctrica nacional es la apuesta de la próxima década, en España y en Europa. De ella el Gobierno espera además que deje un importante rendimiento, con un crecimiento del PIB del 1,8% y del empleo en un 1,7% para el año 2030.
