A partir de enero de 2023 las empresas de determinadas características deberán informar de sus actividades sostenibles como si de una auditoría se tratase
Ser sostenible. Este es el objetivo que para muchas empresas no solo es una opción, sino una realidad. Más si cabe después de que la Comisión Europea haya establecido la incorporación de la taxonomía medioambiental al tejido empresarial con el fin de conocer quiénes realmente cumplen con los fines sostenibles y quienes las citaron como papel mojado. ¿Qué hay que hacer para solicitarla? ¿Acaso una empresa puede ser multada en el caso de no tenerla? Y, en definitiva, ¿de qué se trata esta ‘taxonomía’?
“Para poder entenderlo hay que tener en cuenta que ahora mismo hay dos reglamentos en materia sostenible europea. Uno es el relativo al objetivo a medio plazo entre 2030 y 2050 que tiende a la descarbonización de la economía, a luchar contra el cambio climático y a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, apunta en primera instancia Tomás Garicano, Senior Advisor de Atrevia y conocedor de los últimos cambios legislativos comunitarios en materia sostenible. El segundo y que más vinculado está con la nueva taxonomía, “el criterio para saber si una actividad se considera medioambientalmente sostenible”.
Para ello, apunta el experto, “Europa lo que busca es saber si las actividades de una empresa son elegibles, es decir, si están incluidas dentro de una clasificación que hace esta normativa porque se entiende que dicha compañía contribuye sustancialmente a alguno de los objetivos medioambientales”.
¿Cómo puede afectar esta novedad al empresario? Este 2022 tendrá que comenzar a recabar información y a “tener en cuenta lo que son las ventas elegibles y los gastos operativos elegibles. Para ello tendrá que ir a sus cuentas de ventas, de contabilidad, y delimitar cuáles de sus ventas son elegibles con el fin de establecer un porcentaje sobre el volumen de negocio”. Algo así como una auditoría de las actividades sostenibles de la empresa.
Una vez recabadas, deberán informar de lo que están haciendo, recuerda Garicano, quien apunta que, “a partir de enero de 2023, el acto delegado del clima, un reglamento que se ha habilitado por la taxonomía que se publicó el pasado 6 de julio de 2021, entra en funcionamiento, de forma que tendrán que evaluar estas actividades y explicarlas”.
Para ello, Europa dotará de una metodología en la que se detallarán todos los datos sobre cómo calcular las ratios de volumen de negocio con el fin de hacer más sencillo el trabajo a las empresas. “Es una normativa mucho más detallada, y esto evidentemente tanto para los empresarios como para la empresa supondrá dedicar más gente y esfuerzo”. No detalla cifras o porcentajes, ya que considera que todo dependerá de la subcontratación o gestión de trabajo de cada empresa, pero Garicano subraya que sin duda habrá muchas que configuren figuras nuevas en sus administraciones para poder llevarlo al día.
Requisitos y consecuencias de las empresas que han de acogerse a esta normativa
Sin embargo, advierte Tomás Garicano, esta taxonomía no se debe aplicar en todos los casos, de tal forma que las pymes pueden estar tranquilas. “Esta taxonomía está destinada a empresas que facturan más de 40 millones al año, con 20 millones de activos y más de 250 trabajadores”, apunta. Este es el umbral mínimo.
Ahora bien, ¿qué ocurre si no lo hacen? ¿Acaso pueden ser sancionados? Este experto lo confirma. “Evidentemente”. Y suma: “Hay sanciones que puede imponer la Administración ya que esto está regulado en la normativa. Se pueden enfrentar a sanciones, pero también a la pérdida de su reputación”. Y este es otro de los grandes hándicaps a los que se pueden ver sometidos quienes no cumplan los requisitos.
De hecho, este aspecto es de vital importancia, subraya Garicano, ya que “la imagen que proyecta la impresa se podría ver muy perjudicada al nivel de no haber cumplido con sus obligaciones fiscales, contables o económicas”. Para detallarlo más, el Senior Advisor en Atrevia explica que “hay pequeñas empresas a las que también les afecta porque si son proveedores de grandes estos últimos pueden exigirles que cumplan con los requerimientos y, de no hacerlo, les perderán como clientes”.
Aunque, insiste, esto no significa que obligatoriamente haya que cumplir con las actividades elegibles como sostenibles. “Hay sectores tradicionalmente no sostenibles como puede ser el tabaco o el alcohol, y esto no quiere decir que vayan a tener que cesar su actividad. Estar dentro de la taxonomía te va a permitir estar dentro de un paraguas en el que lograr financiación más barata y estar más tranquilo, pero no quiere decir que sea imprescindible”.
Por ello, apunta: “Se trata simplemente de informar. No te van a castigar por no cumplir un porcentaje, aunque podrían, pero sí puede repercutir negativamente en el negocio y que incluso inversores dejen de querer invertir en el tuyo”. El problema es el llamado greenwashing, es decir, el término por el que se conoce a aquellas empresas que alegan que están haciendo algo sostenible, pero en verdad no.
“Actualmente cuando una empresa miente en estos términos se muy fácilmente probable”, recuerda Garicano, quien cree que cada vez son menos las que realizan este tipo de prácticas al ser muy negativas para la propia reputación de la compañía. “Ha habido casos fuera de nuestras fronteras donde empresas han sido multadas por decir que estaban haciendo cosas que no hacían, pero creo que cada vez están todas más concienciadas de la necesidad de ser sostenibles porque es el propio consumidor quien lo pide”. Y que este último premie a una empresa, en definitiva, es el fin de cualquier negocio.
