“Una compañía que no implemente programas de compliance y buen gobierno corporativo para desterrar las prácticas fraudulentas tampoco será sostenible”
La estrategia de sostenibilidad no es exclusivamente medioambiental y ya se concibe en un sentido amplio, extendiendo el concepto a otras áreas de influencia tan esenciales como el compromiso social o el buen gobierno corporativo. En este sentido, se hace cada vez más necesario que las empresas y las organizaciones se comprometan con la implementación de estrategias sostenibles en sus actividades, comuniquen su misión, visión y valores y faciliten información veraz, objetiva y transparente sobre la actividad que desarrollan, con la finalidad de evaluar y medir el impacto medioambiental y social que generan con su actividad.
Por ello, la relación entre los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y el cumplimiento normativo (compliance) es cada vez más importante. Las empresas que se preocupan por los criterios ESG no solo buscan mejorar su impacto en el medio ambiente y la sociedad, sino que también buscan cumplir con las leyes y regulaciones que rigen sus operaciones.
Al incorporar los criterios ESG en su estrategia empresarial, las compañías reducirán el riesgo de sanciones o de litigios legales, mejorando su rentabilidad y reputación, ya que los inversores y consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de estos factores.
En este escenario, el cumplimiento normativo es fundamental para garantizar que las empresas operen de manera ética y responsable. Una compañía que no apueste decididamente por la implementación de programas de compliance y buen gobierno corporativo que tengan por objeto desterrar las prácticas fraudulentas, tampoco será sostenible. Si opera con prácticas empresariales cuestionables, en el límite de la legalidad o al margen de la misma, estará expuesta a riesgos que en cualquier momento podrán arruinar un proyecto o una inversión.
La Unión Europea (UE) ha apostado con claridad por el establecimiento de un nuevo marco jurídico enfocado a la consecución de una economía sostenible con el fin de luchar contra el cambio climático y lograr ‘cero emisiones’ para 2050. De este modo, las Directivas europeas exigen cada vez a más empresas que publiquen información detallada sobre cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, como los derechos medioambientales, los derechos sociales, los derechos humanos y los factores de gobernanza, facilitando la transición hacia una economía más sostenible.
En definitiva, hoy ya es crucial que las empresas y organizaciones integren una estrategia ESG en su proceso de toma de decisiones y es evidente que la relación entre los criterios ESG y el compliance normativo es cada vez más importante para las empresas que buscan operar de manera responsable y sostenible.