Este martes se define el futuro de la asistencia sanitaria para los empleados públicos de Muface, ya que las aseguradoras que ofrecen cobertura a más de 1,5 millones de beneficiarios deben decidir si renuevan su contrato bajo las nuevas condiciones planteadas por el Gobierno. A pesar de un aumento del 17,12% en la prima para los años 2025 y 2026, las aseguradoras consideran que esta subida resulta insuficiente para hacer frente al incremento en costes, y algunas, como SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, aún no han confirmado su continuidad.
Los costes operativos actuales han afectado la rentabilidad del servicio, ya que las aseguradoras reportan pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales debido a una alta tasa de siniestralidad, que es mayor en el caso de los funcionarios mayores de 55 años. Según SegurCaixa Adeslas, el 40% de sus asegurados en Muface pertenece a este grupo, lo que implica un uso más frecuente de los servicios y, por ende, mayores gastos.
Además, factores como el crecimiento del IPC y la inclusión de coberturas de alta tecnología y tratamientos innovadores han hecho que las aseguradoras necesiten una subida en torno al 38% para operar sin pérdidas. Este ajuste, sin embargo, no se ha alcanzado en el presupuesto actual, lo que pone en riesgo la continuidad de estos servicios.
El 17 de octubre también se abrió la licitación de los conciertos sanitarios de Isfas y Mugeju, con un presupuesto base de 1.201 millones y 175 millones de euros, respectivamente, lo que permitirá ofertas hasta el próximo 5 de noviembre. Mapfre, por su parte, ha descartado su retorno a Muface, sistema del que salió en 2009, y está aún evaluando su participación en Mugeju.
Este nuevo acuerdo determinará si los asegurados de Muface, Isfas y Mugeju continúan recibiendo asistencia privada o si deben ser integrados a la sanidad pública, lo que podría significar un aumento considerable en las listas de espera.
