La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) anunció este lunes que la fusión de BBVA y Sabadell pasa a una fase 2 de análisis, en un proceso que implica un estudio en profundidad para evaluar el impacto de esta unión en la competencia del sector financiero. Este movimiento podría extender el calendario inicialmente previsto por BBVA, que contaba con una aprobación más ágil. La CNMC justifica su decisión en base a una posible "afectación" en la competencia, especialmente en los sectores de servicios bancarios, pagos, distribución de seguros, fondos de pensiones y gestión de activos.
Un análisis exhaustivo en la fase 2 del proceso
La CNMC, en aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007), explica que el análisis se centrará en garantizar una competencia efectiva en el mercado y evitar efectos nocivos en sectores estratégicos. La fase 2 permitirá un estudio más detallado de la operación, tras la investigación preliminar realizada en fase 1, que ya identificó algunos riesgos en el equilibrio competitivo del mercado bancario español. En esta fase adicional, tanto Sabadell como BBVA, junto a otras partes con intereses legítimos, podrán presentar alegaciones y aportar más datos.
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Autonomías y otras partes podrán participar
Además, la CNMC solicitará informes a las comunidades autónomas más afectadas, para evaluar el impacto regional de la operación. Esto permitirá considerar las repercusiones en diferentes áreas del país y prever potenciales efectos a nivel local.
Posible intervención del Ministerio de Economía y Consejo de Ministros
Si la CNMC decide imponer condiciones a la operación o la deniega, el caso podría llegar al Ministerio de Economía, que dispondría de 15 días para trasladarlo al Consejo de Ministros. Este último podría tomar la decisión final en un plazo máximo de un mes, y podría incluir condiciones para su aprobación. La ley también otorga al Consejo la capacidad de valorar la operación según criterios de "interés general", que van más allá de la competencia, abarcando áreas como la seguridad nacional, la protección de la salud y el medio ambiente, así como el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en España.
Este proceso se enmarca en una regulación exhaustiva que busca preservar la competencia en el sector financiero español, garantizando que cualquier fusión o adquisición respete el equilibrio del mercado y proteja el interés de los consumidores.
