Siete Estados miembros de la Unión Europea han formado una coalición para solicitar a Bruselas medidas firmes que protejan la competitividad de la industria automovilística del bloque, en vísperas de la entrada en vigor de la normativa 'CAFE'. Esta legislación, que prevé sanciones millonarias para los fabricantes que superen los límites de emisiones contaminantes, será aplicable a partir del 1 de enero de 2025.
Italia, Polonia y Austria lideran la delegación de gobiernos comunitarios que, en las últimas horas, han instado a la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, a encontrar una solución que evite las multas contra las automovilísticas que no cumplan los objetivos de reducción de dióxido de carbono.
La alianza también incluye a Bulgaria, República Checa, Rumanía y Eslovaquia, y aboga por perfeccionar las políticas públicas para equilibrar el fomento de la demanda con el respaldo a las inversiones empresariales.
En una carta conjunta enviada a Bruselas, los gobiernos de los siete países alertan: "La industria se encuentra en un momento crítico, enfrentando grandes desafíos en términos de producción, empleo y competencia global, que exigen una acción urgente y coordinada a nivel europeo".
Al respecto de las sanciones, la coalición alega que "limitarían gravemente" la capacidad de la industria para invertir en innovación y desarrollo, lo que a medio plazo "perjudicaría la competitividad" de Europa a escala global.
Desde 2019, el reglamento europeo bautizado como 'CAFE' prevé una trayectoria de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de los coches vendidos en los diferentes mercados comunitarios que conducirá a la prohibición de facto en 2035 de las nuevas matriculaciones de coches de combustión.
De aquí a un mes, en enero de 2025, Bruselas ya ha anunciado que empezará a aplicar esta normativa, lo que en la práctica requerirá una reducción de las emisiones del 15% respecto a los niveles previos a 2020, lo que supone tener que vender en apenas ocho semanas un coche eléctrico por cada cuatro térmicos.
Las proyecciones varían en cuanto al montante total de las sanciones que tendrían que terminar pagando los fabricantes que no cumplan con estas cuotas de ventas. La industria calcula que estaría entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros.
Sin embargo, fuentes del mercado aseguran a Europa Press que en su escenario central, el impacto potencial podría limitarse a los 5.100 millones de euros.
Hace unos días la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA, por sus siglas en inglés), instaba en un comunicado a los países de la Unión Europea a dejar de lado sus diferencias y acordar la medida urgente de "reducir los costes de cumplimiento" para los objetivos de emisiones de CO2 en 2025.
En este sentido, se afirmaba que la industria automovilística europea "reafirma su compromiso con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050" y la transición hacia una movilidad de cero emisiones.
Sin embargo, se explicaba que "a medida que avanza el reloj" hacia 2025, los fabricantes se enfrentan a "desafíos cada vez mayores" para cumplir los objetivos de reducción de CO2 debido a la escasa demanda de vehículos eléctricos de batería y al deterioro del clima económico.
