El Ministerio de Trabajo se reunirá con representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme este miércoles con la finalidad de proponer una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 50 euros mensuales. Esta propuesta, que sería efectiva retroactivamente desde el 1 de enero de 2024, elevaría la renta mínima a 1.184 euros al mes, distribuidos en 14 pagas. El anuncio llega tras la presentación del informe de la Comisión de Expertos que asesora al Gobierno sobre el SMI, donde se plantean dos opciones: un aumento del 3,4% para el año 2025, o del 4,4%.
El Ministerio se inclina por la segunda opción, que representa un incremento significativo desde los actuales 1.134 euros al mes. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado la necesidad de esta subida en un contexto donde “la cesta de la compra es imposible” y la vivienda presenta “un problema gravísimo”.
Perspectivas del diálogo social
La reunión, programada para las 16:30 horas, será liderada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Si bien el objetivo de Trabajo es alcanzar un consenso con los agentes sociales, se anticipa que la participación de empresarios podría resultar complicada. El vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha calificado la propuesta de “inasumible” para los autónomos y ha planteado que el SMI debe aumentar en función de la economía. Según Cepyme, el incremento de 50 euros al mes podría traducirse en un coste superior a los 80 euros mensuales para las empresas, lo que afectaría especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que ya han experimentado un aumento del 18,1% en sus costes laborales desde 2019.
Las propuestas de los sindicatos
Los sindicatos, por su parte, han manifestado su deseo de un aumento más sustancial. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha abogado por una subida del 5% o 6%, mientras que su homólogo de CCOO, Unai Sordo, ha sugerido llevar el SMI a 1.200 euros al mes, lo cual se situaría más cerca del 60% del salario medio, cumpliendo con las recomendaciones de la Carta Social Europea.
Además, UGT ha dejado claro que no apoyarán un acuerdo para aumentar el SMI a menos que quede exento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La intención de Yolanda Díaz es que esta medida se mantenga, como se ha hecho en ejercicios anteriores.
Así, se continuará el debate sobre el salario mínimo y su impacto en la economía española, un tema que ha generado tensiones entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, al igual que la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales.