Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado la creación de una empresa pública de vivienda como «un instrumento válido» para lograr la construcción y rehabilitación de viviendas protegidas, una necesidad que consideran «urgente». El sindicato ha valorado positivamente la regulación de un derecho preferente de adquisción de suelo para esta nueva sociedad pública, aunque ha señalado la importancia de analizar «los términos de su concreción» en el momento que se concrete.
La organización sindical ha reaccionado ante las medidas que el Gobierno ha propuesto para aumentar la construcción y rehabilitación de vivienda destinada a vivienda protegida. Entre estas medidas se incluye la transferencia de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda (Sepes), que tendrá prioridad para la adquisición de vivienda y suelo. Inicialmente, Sepes integrará unas 13.000 viviendas de la Sareb y de manera progresiva se incorporarán otras 17.000 más. Además, se blindará el carácter permanente de la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda vivienda construida o rehabilitada mantenga su protección indefinidamente.
CCOO considera que la medida más necesaria e importante ha sido el anuncio del blindaje del parque público de vivienda protegida
En relación a la incorporación de las viviendas de la Sareb a un parque público de vivienda en alquiler asequible, CCOO ha manifestado que, si bien la medida es «positiva», «llega tarde». El sindicato ha señalado que gran parte de las viviendas actualmente en manos de la Sareb son las que no ha conseguido vender, ya sea por su deterioro o porque están ubicadas en zonas de baja demanda de vivienda.
Propuestas para cambios en el mercado del alquiler
CCOO también ha tratado el tema de los cambios legislativos y fiscales en el mercado del alquiler residencial y turístico, cuyo objetivo es incentivar el aumento del parque de vivienda a precios asequibles. Entre las medidas propuestas se encuentra la financiación para la rehabilitación de viviendas vacías, siempre que estas se destinen al alquiler asequible durante al menos cinco años. Además, se mencionan exenciones fiscales de hasta el 100% para los propietarios que alquilen sus viviendas según el índice de precios de referencia.
Si bien CCOO valora estas acciones de manera positiva, advierte que algunas de ellas deben ser aprobadas en las Cortes, lo que las sitúa en un marco de incertidumbre. En este sentido, el sindicato ha expresado que es «difícil hacer una valoración adecuada» sin conocer los detalles específicos de su regulación.
Finalmente, CCOO ha reiterado su propuesta de destinar al menos el 1% del PIB a políticas de vivienda, buscando fomentar la construcción de un parque público de vivienda que pueda satisfacer la demanda actual y, a su vez, actuar como regulador de precios en el mercado de compra y alquiler.
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