El grupo político Sumar ha denunciado las dificultades impuestas por el Ministerio de Hacienda a los mutualistas que buscan recuperar montos correspondientes a pagos excesivos en su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Esta situación ha sido expuesta a través de una serie de preguntas registradas por la coportavoz de En Comú, Aina Vidal, poniendo de manifiesto el complejo proceso administrativo que enfrentan aquellos pensionistas que han alcanzado la jubilación o que se encuentran en situación de incapacidad.
Modificaciones en la normativa y sus implicaciones
Las dificultades han surgido tras diversas sentencias del Tribunal Supremo en 2023, que obligaron a la Agencia Tributaria a reconocer el derecho a la devolución de cantidades cobradas en exceso por parte de algunos pensionistas. Con el fin de facilitar esta gestión, la Agencia Tributaria presentó a principios de 2024 un formulario online, aunque los mutualistas han enfrentado obstáculos para proporcionar la documentación necesaria, especialmente en casos que corresponden a periodos previos. Aunque inicialmente se aceptó la acreditación de la vida laboral, una reciente modificación normativa relacionada con un impuesto mínimo global a empresas multinacionales ha complicado aún más la situación.
La denuncia subraya que las modificaciones recientes han dejado miles de solicitudes de devolución en «papel mojado»
Sumar sostiene que estas modificaciones convierten en inefectivas numerosas reclamaciones de pensionistas que no fueron resueltas antes del 22 de diciembre de 2024, fecha en que la nueva normativa entró en vigor. Además, la modificación implica que las solicitudes deben presentarse de forma anual y en orden de antigüedad, lo que podría afectar la eficiencia del proceso de reintegro.
El grupo también ha planteado inquietudes al gobierno acerca del número de mutualistas que aún no han recibido sus devoluciones y el montante total que el Ejecutivo considera pendiente de abono. Asimismo, cuestionan cuántas solicitudes quedaron sin atender debido a la nueva normativa y qué impacto tendrían si se asumiera la validez de dichas solicitudes. A modo de conclusión, Sumar se pregunta si los cambios en las políticas de reintegro responden a una estrategia para dilatar el cumplimiento de los derechos de los mutualistas y si el Ministerio de Hacienda planea reexaminar los procedimientos actuales en consideración a la «carga administrativa del trámite» que enfrentan los mutualistas y sus familias.
