El partido Sumar ha propuesto aprovechar la tramitación parlamentaria de la Ley de Función Pública para adelantar la implementación de una jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración. Esta medida plantea una reducción de dos horas y media respecto a la jornada que Sumar pretende establecer para el resto de los trabajadores.
La iniciativa se enmarca dentro de una enmienda registrada en el Congreso, que busca añadir un artículo al artículo 87 de la Ley de Función Pública, precisando que la jornada semanal del personal administrativo no supere las 35 horas. En la justificación de esta enmienda, el grupo destaca que el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI ya contempla la recuperación de esta jornada laboral. El grupo expone que «por ello y porque así está comprometido se debe garantizar la jornada general ordinaria de 35 horas en esta ley».
Sumar, liderado por Yolanda Díaz, ha manifestado que la reducción a 35 horas debe ser negociada únicamente con los sindicatos, sin incluir a la patronal en este proceso. Esta estrategia se aleja del acuerdo anterior que estableció la reducción de la jornada a 37,5 horas, donde el Ministerio de Trabajo solo trató con CCOO y UGT. Las organizaciones empresariales, como CEOE y Cepyme, alegaron que esta medida no incrementaría la productividad y constituía una «intromisión» en la negociación colectiva.
Tras el consenso alcanzado con los sindicatos, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para establecer la jornada de 37,5 horas semanales. La intención es que este proyecto sea aprobado a más tardar en marzo, para iniciar su tramitación urgente en el Congreso y así acelerar los plazos necesarios para su implementación.
