La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado un análisis detallado sobre los costes asociados a las sentencias judiciales desfavorables para el Estado, que se han estimado en un promedio de 1.000 millones de euros anuales entre 2014 y 2023. Asimismo, el impacto de los riesgos medioambientales a lo largo del mismo periodo ha alcanzado la cifra de aproximadamente 47.157 millones de euros. Este informe, titulado ‘Opinión sobre riesgos fiscales’, es un estudio pionero en España que aborda los principales riesgos para las finanzas públicas, resaltando la vulnerabilidad de la economía frente a perturbaciones inesperadas como la crisis financiera, la pandemia de COVID-19 y conflictos bélicos.
Riesgos fiscales y propuestas de mitigación
En su informe, la AIReF ha señalado que el análisis de los riesgos en España se lleva a cabo de manera «fragmentada e incompleta», lo que lleva al organismo a proponer estrategias para mejorar esta situación. Los riesgos más relevantes identificados incluyen los macroeconómicos, los ambientales y aquellos derivados de acciones legales contra el Estado. El informe también examina el Fondo de Contingencia, concluyendo que el 43% de los fondos asignados a este instrumento no están relacionados con perturbaciones imprevistas, que es su propósito principal.
El análisis de las sentencias judiciales resalta el uso inadecuado de instrumentos legales, como el Real Decreto-ley, que ha generado sentencias de inconstitucionalidad en casos significativos como el del Impuesto de Sociedades o la indemnización por la clausura del almacén de gas Castor. La AIReF ha identificado errores recurrentes en el proceso legislativo que contribuyen a estos riesgos, lo que provoca consecuencias financieras negativas para las Administraciones Públicas.
Consecuencias de los litigios en curso
El informe también hace hincapié en que, además de los cálculos realizados para el periodo 2014-2022, existen litigios en curso que podrían elevar aún más el déficit estatal en los próximos años. Entre las sentencias que podrían afectar las finanzas públicas se encuentran la devolución del IRPF a mutualistas jubilados, estimada en 1.700 millones de euros, y la reforma del Impuesto de Sociedades, con un impacto proyectado de 1.200 millones de euros.
La AIReF ha señalado la necesidad de que el Gobierno implemente políticas fiscales prudentes
Para prevenir futuros conflictos legales, se sugiere al Ministerio de Hacienda que refuerce la evaluación del impacto financiero y legal antes de implementar cambios significativos en la normativa. Además, la AIReF aboga por una estrategia judicial proactiva para mitigar las repercusiones de las sentencias y aumentar la transparencia mediante la creación de una base de datos centralizada que integre toda la información pertinente.
