La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha hecho un llamado urgente para abordar la crisis arancelaria originada por Estados Unidos, insistiendo en la necesidad de unidad y colaboración en este desafío. En un reciente comunicado, la patronal ha solicitado al Gobierno que implemente medidas directas para mejorar la competitividad y facilitar la transformación de las empresas afectadas, lo antes posible.
Durante una reunión extraordinaria, el Comité Ejecutivo de CEOE analizó los efectos negativos de las decisiones tomadas por la administración de Donald Trump respecto a los aranceles y revisó el plan de respuesta aprobado por el Consejo de Ministros. La organización ha destacado que es fundamental que la Unión Europea actúe con una «sola voz» y ha instado a un enfoque de «altura de miras» a nivel nacional, propiciando el diálogo social como herramienta clave para alcanzar soluciones efectivas.
La patronal ha afirmado que es importante reforzar el apoyo a la internacionalización de las empresas
CEOE ha subrayado que está comprometida a coordinar la respuesta entre distintos sectores económicos y territorios, promoviendo la unidad de la sociedad civil para enfrentar la situación. La organización ha reiterado su disposición a fomentar un Pacto de Estado que combine la defensa de los valores europeos y del Estado del Bienestar, sin perder de vista la realidad actual.
En relación a la creación de ayudas públicas, la patronal expresó su desaprobación ante la condición de limitar dichas ayudas al mantenimiento del empleo. CEOE enfatizó que los ajustes de plantilla son siempre la última opción durante crisis inesperadas, y advirtió que este enfoque puede desincentivar a las empresas de solicitar ayudas, temiendo las implicaciones negativas que podrían surgir.
Asimismo, en el mismo contexto, el Comité Ejecutivo de CEOE ha mostrado su oposición a cualquier intento de limitar el desarrollo de centros universitarios privados mediante el endurecimiento de las condiciones de implementación. También se abordaron iniciativas de la Administración que amenazan la actividad del sector de la sanidad privada, desde posibles compromisos comprometidos hasta legislaciones relacionadas con medicamentos y servicios.
