El Gobierno español tiene la obligación de presentar a Bruselas, antes de que finalice este mes de abril, el informe de seguimiento del Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo. Esta presentación se realiza en cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas, que comenzaron a aplicarse el año pasado. A partir de 2025, todos los Estados miembros de la UE deberán elaborar un informe anual de situación o un nuevo plan fiscal-estructural cada abril.
Este informe anual evaluará la aplicación del plan fiscal-estructural nacional a medio plazo, incluyendo la senda de gasto neto establecida por el Consejo, así como las reformas e inversiones realizadas por el país. Fuentes del Ejecutivo han indicado a Europa Press que España remitirá su informe de seguimiento este mes, que sustituye al anterior Plan de Estabilidad vinculado a las antiguas normas fiscales europeas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará el 14 de abril su análisis del informe del Gobierno sobre el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo 2025-2028. Además, el Banco de España presentará su informe anual correspondiente al año 2024 el 29 de abril, en el que examinará la situación económica y las políticas propuestas, como la condonación de deuda o la reducción de la jornada laboral.
Si bien, por defecto, los planes de ajuste son elaborados a cuatro años, los Estados miembros de la UE pueden solicitar una extensión de hasta siete años si implementan reformas que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento, garantizando así la sostenibilidad fiscal. El Gobierno español optó en octubre pasado por extender el horizonte de ajuste a siete años, acompañando el plan de un programa de reformas e inversiones que incluye medidas fiscales, ecológicas y de transformación digital.
Es importante señalar que el periodo de ajuste de siete años no debe confundirse con la duración del plan, que abarca únicamente los primeros cuatro años. Durante los años del plan, del 2025 al 2028, se prevé un crecimiento medio del 3,4% del gasto, con un crecimiento proyectado del gasto primario de 3,7% en 2025, 3,5% en 2026, 3,2% en 2027, y 3% en 2028 y 2029, disminuyendo progresivamente hasta 2,5% en 2030 y 2,4% en 2031.
Déficit y deuda a medio plazo
El trayecto fiscal establecerá que, al final del periodo de ajuste, la deuda pública debe estar en una senda descendente viable. Esta debe mantenerse por debajo del 60% del PIB y los déficits no superar el 3% del PIB a medio plazo. Tras cumplir durante cinco años consecutivos con el objetivo de déficit, el Gobierno prevé que este se sitúe en 2,5% en 2025 y en 2,1% en 2026, proyectando un 0,8% para el año 2031.
Respecto a la deuda, se espera que la relación sobre el PIB disminuya del 101,8%% en 2024 a un 76,8%% en 2041. Sin embargo, no se ha especificado cuándo España logrará reducir su deuda por debajo del umbral del 60%, como exige Bruselas.
Bruselas ha respaldado el plan del Gobierno, al considerar que cumple con los requisitos del nuevo marco fiscal y establece una trayectoria creíble para garantizar una senda descendente de la deuda
Las proyecciones del Ejecutivo indican que, al igual que otros países como Finlandia, Francia, Italia y Rumanía, España cumple con los criterios para justificar la prórroga del periodo de ajuste fiscal.
