En el contexto actual del comercio internacional, los alimentos han dejado de ser simples bienes de intercambio para convertirse en símbolos económicos, sociales y culturales. Las recientes presiones arancelarias sobre una larga lista de productos agroalimentarios españoles y europeos presiona a los productores españoles y plantea un desafío directo a uno de los pilares de la economía española: su sector agroalimentario.
En respuesta, España ha articulado una estrategia institucional y comunicativa que trasciende lo técnico. El Gobierno ha impulsado, junto con la Unión Europea, medidas de negociación diplomática y protección económica, pero también ha lanzado un mensaje inequívoco a la ciudadanía: “Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios, sí”. Esta campaña, concebida desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representa una respuesta integral que coloca en el centro el valor de nuestros alimentos y el modelo productivo que los hace posibles.
Los aranceles como factor de presión sobre la economía productiva
La calidad y el peso en la economía española de los productos agroalimentarios españoles se opone a estas medidas arancelarias. Entre los productos señalados en esta contienda comercial se encuentran el aceite de oliva, el vino no espumoso, los quesos curados, el jamón ibérico o las aceitunas de mesa. Todos ellos no solo representan cifras relevantes en la balanza exportadora, sino que son reflejo de un modelo económico basado en la excelencia, la sostenibilidad y el arraigo territorial.
A pesar de que el conflicto se enmarca formalmente en la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea por las ayudas públicas a los consorcios aeronáuticos Airbus y Boeing, el impacto ha recaído en sectores completamente ajenos a la industria aeronáutica. En la práctica, los alimentos españoles se han convertido en rehenes de un conflicto comercial que ha desbordado el ámbito técnico y ha entrado en la arena geopolítica.
Esta medida proteccionista, amparada por la OMC pero desproporcionada en su ejecución, ha introducido una barrera del 25% sobre productos españoles altamente competitivos en el mercado estadounidense. Frente al riesgo de que las exportaciones sufran el golpe, la respuesta ha sido inmediata: búsqueda de otros mercados alternativos y refuerzo de la excelencia de los productos.
España es la cuarta mayor exportadora de alimentos de la Unión Europea y la séptima del mundo. Su sector agroalimentario representa más del 10% del PIB nacional
Impacto real en el sector alimentario
El aceite de oliva español, líder global en exportaciones, ha gozado en los últimos años de una posición destacada en el mercado estadounidense, donde mantiene una imagen de producto premium. Lo mismo ha ocurrido con los vinos con denominación de origen, especialmente los tintos jóvenes, cuya calidad ha llamado la atención de todo tipo de consumidores, lo que brinda la oportunidad de alcanzar muchos otros mercados.
Otros sectores, como el del queso curado -con exponentes como el manchego-, aspiran a alcanzar la posición que tienen en el mercado estadounidense. De hecho, nuestro propio país es el primer mercado para estos productos, por lo que desde las instancias gubernamentales se invita a apostar por la alimentación con origen en España, donde la producción se basa en valores como la competitividad, la calidad y el impacto social y medioambiental positivo.
En ese sentido, la respuesta institucional ha sido integral: defensa diplomática, medidas económicas de apoyo, interlocución con el sector y, sobre todo, una narrativa clara sobre el valor real de nuestros alimentos.
España como potencia agroalimentaria
España es la cuarta mayor exportadora de alimentos de la Unión Europea y la séptima del mundo. Su sector agroalimentario representa más del 10% del PIB nacional, y da empleo a millones de personas en todo el territorio, especialmente en el medio rural. Hablamos de un tejido productivo diverso, formado por grandes cooperativas, empresas familiares, industrias transformadoras, pequeñas explotaciones agrarias y sistemas de producción que combinan innovación tecnológica con prácticas tradicionales.
Este ecosistema se basa en un modelo de producción que, en lugar de modificar, hay que defender. Porque los alimentos españoles, en propias palabras del Ministerio, no compiten por precio, sino por calidad, por trazabilidad, por valor añadido. Son productos con denominación de origen, con certificación ecológica, con reconocimiento internacional. Y de ahí la contundencia de la campaña institucional lanzada por el Gobierno de España: nuestros valores no están en venta. Es una frase que trasciende el conflicto comercial y apela a un modelo de sociedad: abierta, justa, respetuosa de la ley y comprometida con el desarrollo sostenible. Una sociedad que está dispuesta a vender sus productos y servicios, pero que no va a ceder en lo que define su identidad colectiva.
El Gobierno ha impulsado, junto con la Unión Europea, medidas de negociación diplomática y protección económica
Un llamamiento al consumo con sentido
La dimensión europea de esta campaña también resulta esencial. El cierre con el lema Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro apela a la conciencia del consumidor como parte activa del sistema económico. Comprar lo tuyo no significa rechazar lo ajeno, sino reconocer el valor de lo cercano, lo sostenible, lo de calidad. Y defender lo nuestro implica proteger un modelo agroalimentario que apuesta por el bienestar animal, la protección ambiental, la innovación tecnológica y la justicia social.
Esta llamada al consumo consciente, respaldada por la información y la transparencia, es también una respuesta al proteccionismo de terceros países. Frente a las barreras comerciales, España responde reforzando su mercado interno y su proyección internacional.
Una campaña institucional con una finalidad estratégica
La campaña “Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos y servicios, sí” responde a una necesidad concreta: trasladar a la ciudadanía un mensaje de respaldo al sector productivo nacional, en un momento marcado por la incertidumbre en el comercio internacional y el impacto de los aranceles estadounidenses sobre productos agroalimentarios.
Lejos de adoptar una postura confrontativa, el enfoque del Gobierno ha sido el de emitir un mensaje claro pero prudente, que combine firmeza institucional con una apuesta por el diálogo. En ese marco, se ha buscado una forma de comunicación que conecte el plano económico con el político, destacando la importancia de preservar los principios que estructuran el modelo comercial y democrático europeo, al tiempo que se defiende la competitividad de los productos españoles en los mercados internacionales.
La campaña articula así dos niveles complementarios: por un lado, subraya que determinados valores, como el respeto al derecho internacional, la economía abierta y los principios democráticos, no deben estar sujetos a presión o intercambio. Por otro, reafirma que España y Europa siguen plenamente abiertas al comercio, y que su sector agroalimentario está preparado para competir.
