El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto una reforma significativa al Real Decreto de 18 de febrero. Este cambio implica que la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF) deberá realizar un nuevo informe sobre el sistema de pensiones antes de lo previsto. Originalmente, estas evaluaciones se llevaban a cabo cada tres años; sin embargo, el nuevo proyecto de ley exige una revisión adicional antes del 1 de junio de 2026.
La AIReF, en su evaluación inicial sobre las pensiones, resaltó la importancia de integrar la regla de gasto de pensiones con los objetivos del marco fiscal tanto europeo como nacional. Este enfoque, según el organismo, busca simplificar el sistema existente y mejorar su coordinación. Además, la entidad sugiere que los periodos de revisión se homogeneicen, dado que la regla de períodos para las pensiones es trianual y el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo dura cuatro años.
En respuesta a estas recomendaciones, el Gobierno ha reconocido la necesidad de ajustar la normativa vigente, «a pesar de su corta vigencia». Se incorporará en el texto una referencia explícita tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Esto busca fortalecer las reglas propuestas por la AIReF, incluyendo el análisis de la sostenibilidad a largo plazo.
El Gobierno también sostiene que las revisiones importantes del Instituto Nacional de Estadística sobre los datos del PIB para 2022 y 2023 han influido en la planificación económica. Se espera que estos ejercicios continúen en 2024 y 2025, lo que justifica la necesidad de un informe adicional por parte de la AIReF en 2026 para tener en cuenta los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos.
El primer informe de la AIReF, emitido el pasado 31 de marzo, ya había señalado que el gasto en pensiones se mantenía dentro de los límites establecidos, aunque «por poco». Según las previsiones de la Comisión Europea, el gasto en pensiones se situará en el 14,6% entre 2022 y 2050. Las medidas de ingresos representan el 1,4% del PIB en este periodo, permitiendo al gasto neto de pensiones mantenerse en el 13,2% de media, justo por debajo del 13,3% acordado con Bruselas.
El Gobierno considera necesario modificar la normativa para incorporar en el texto una referencia tanto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones como a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas
En resumen, esta reforma busca alinear el sistema de pensiones con las recomendaciones de la AIReF y las exigencias de Bruselas, asegurando que la sostenibilidad financiera se mantenga en el tiempo.
