España ha pagado por primera vez un laudo internacional derivado de los recortes a las primas a las energías renovables aplicados entre 2010 y 2014. Se trata de una indemnización de 32 millones de euros al fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, que heredó los derechos de la empresa japonesa JGC Holdings. El pago fue autorizado por la Comisión Europea y supone un punto de inflexión en los numerosos litigios internacionales abiertos contra el Estado español por los conocidos como "hachazos a las renovables".
El origen de esta y otras disputas similares se remonta a principios de la pasada década, cuando España implementó fuertes recortes retroactivos a las primas que durante años incentivaron las inversiones en energías limpias. Estos recortes generaron inseguridad jurídica y provocaron una avalancha de demandas internacionales, en su mayoría ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial. En total, se han presentado 51 reclamaciones contra España, principalmente por parte de fondos e inversores extranjeros que alegan haber sufrido pérdidas millonarias debido a los cambios normativos.
Hasta ahora, España había logrado evitar el pago de los laudos firmes amparándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que considera que los arbitrajes entre inversores comunitarios y Estados miembros vulneran el derecho de la Unión. Sin embargo, esa doctrina no se aplica en casos en los que los demandantes no son ciudadanos ni empresas comunitarias. El fondo Blasket, con sede en Estados Unidos, logró así ejecutar su laudo a través de un procedimiento en Bélgica, donde consiguió embargar fondos del Estado español depositados en la organización europea Eurocontrol. Tras revisar el caso, Bruselas autorizó el pago al considerar que no se trataba de una ayuda de Estado incompatible con el mercado común.
El laudo original fue concedido a JGC Holdings en 2021 y reconocía una indemnización de 23,5 millones de euros, que con intereses y costas ha terminado ascendiendo a los 32 millones ya abonados. El Gobierno español no había satisfecho hasta ahora ninguna de las compensaciones dictadas en los 26 laudos condenatorios que se han resuelto en su contra, cuya suma total ronda los 1.500 millones de euros en indemnizaciones, más otros 375 millones en intereses y costas judiciales.
El pago a Blasket podría abrir la puerta a la ejecución de otros laudos, especialmente aquellos interpuestos por inversores extracomunitarios, como el reciente caso del conglomerado japonés Mitsui. Esta empresa también ha ganado un arbitraje contra España, con una indemnización fijada en 39,2 millones de euros. En este caso, el laudo aún no se ha ejecutado, pero el precedente de Blasket supone un cambio significativo en la estrategia del Estado.
El Ministerio de Transición Ecológica defiende que su prioridad ha sido proteger al contribuyente y asegurar que no se comprometa el marco legal de la Unión Europea. Fuentes del Gobierno insisten en que seguirán recurriendo todos los laudos posibles, sobre todo los emitidos en el marco de disputas intraeuropeas. De los 51 arbitrajes iniciados, 42 ya han concluido: diez han sido favorables a España, tres fueron anulados y tres más, retirados por los demandantes. En total, los inversores reclamaban más de 10.600 millones, de los cuales más de 7.800 millones han sido rechazados.
El primer pago realizado ahora marca un precedente y refuerza la posición de los demandantes que hasta ahora se habían visto bloqueados por la negativa del Estado a ejecutar los laudos. Desde el despacho de abogados Gibson Dunn, que representa a varios inversores, se considera que este paso demuestra que “sí se puede hacer cumplir un laudo arbitral contra un Estado europeo en determinadas condiciones”.
El impacto reputacional para España no es menor. Aunque el país sigue siendo uno de los principales destinos europeos para inversiones en energías limpias, este tipo de litigios ha sembrado dudas sobre la seguridad jurídica de su marco regulatorio. El debate de fondo permanece abierto: cómo garantizar un entorno estable para atraer inversión sin comprometer la capacidad del Estado para modificar políticas energéticas en función de sus necesidades económicas y sociales.
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