La Comisión Europea ha defendido con firmeza la base legal del veto total a las importaciones de gas ruso, a pesar de la inquietud expresada por algunas compañías como Naturgy o Repsol. Estas empresas, que han firmado contratos a largo plazo con entidades rusas hasta 2038, se verán obligadas a cancelarlos a partir del 1 de enero de 2028.
Fuentes comunitarias han explicado que esta prohibición opera bajo las normas de las sanciones y por la causa de «fuerza mayor». Esto implica que la medida es un acto soberano de la Unión Europea, lo que hace que la importación de gas natural desde Rusia sea ilegal, aplicándose de manera directa y sin margen de discreción para los Estados miembros.
El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, presentó desde Estrasburgo un reglamento que prevé la eliminación progresiva del gas por gasoducto y del gas natural licuado (GNL) de origen ruso. Se establecerán fases que inician con la prohibición de nuevos contratos desde el 1 de enero de 2026, mientras que los contratos a corto plazo cesarán el 17 de junio de 2026. Por otro lado, los contratos a largo plazo vinculados a gasoductos suministrados a países sin litoral podrán mantenerse hasta finales de 2027.
Bruselas reserva la facultad de activar salvaguardias para abordar eventos «repentinos y significativos» que amenacen gravemente la seguridad de suministro de algún Estado miembro. En tales casos excepcionales, la Comisión podría permitir excepciones a las prohibiciones de importación.
El impacto en los precios se espera limitado
debido a la improbabilidad de que la demanda adicional de sustitutos del petróleo ruso altere significativamente los mercados mundiales del petróleo.
Además, Bruselas ha instado a los países a presentar estrategias para independizarse completamente del gas y petróleo ruso antes de 2027, teniendo en cuenta los actuales volúmenes de importación y las posibles alternativas. Se ha destacado el oleoducto de Adria como una solución viable para reemplazar los suministros del oleoducto ruso.
