España atraviesa una crisis energética silenciosa que ha salido a la luz con una serie de eventos recientes que han puesto en jaque la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Lo que hasta hace poco se consideraban incidentes puntuales, desconexiones imprevistas de centrales o caídas en la tensión, ha acabado siendo la punta del iceberg de una infraestructura tensionada, al borde de su límite técnico y operativo. El apagón del pasado 28 de abril y la desconexión repentina de la unidad I de la central nuclear de Almaraz el 17 de junio han encendido todas las alarmas. No se trata de errores aislados, sino de síntomas de un sistema cuya arquitectura necesita una revisión urgente.
El 17 de junio, a las 19:50 horas, justo cuando la demanda eléctrica comenzaba a disminuir tras el pico vespertino, la unidad I de Almaraz quedó fuera de servicio de forma inesperada. El fallo técnico, provocado por una sobrepresión en una válvula del transformador, activó el sistema automático de protección del generador principal. Este tipo de situaciones, conocidas como "eventos N-1", suponen la pérdida súbita de un gran volumen de generación -en este caso, más de 1.100 megavatios-, y obligan a Red Eléctrica de España (REE) a reaccionar en cuestión de segundos para evitar que la caída de frecuencia derive en un colapso. Aunque el sistema respondió gracias a la entrada acelerada de centrales de gas, el incidente dejó claro que el margen de maniobra se ha vuelto peligrosamente estrecho. No es la primera vez que ocurre algo similar: en enero, la unidad II de la misma planta también sufrió una desconexión forzosa, igualmente cubierta mediante generación térmica de respaldo.
Pero el suceso que más ha puesto en evidencia las vulnerabilidades estructurales del sistema fue el gran apagón que afectó a toda la Península Ibérica el pasado 28 de abril. A las 12:33 horas, una oscilación de tensión iniciada en varias plantas fotovoltaicas se propagó rápidamente por la red, desconectando en cascada casi 15.000 megavatios de generación. En cuestión de segundos, todas las centrales nucleares quedaron fuera de servicio, y Portugal sufrió un apagón total. El colapso no fue causado directamente ni por renovables ni por la falta de nucleares, sino por un fallo en la planificación y el diseño del sistema de control de tensión. Según diversos informes y testimonios de expertos, el fallo estuvo relacionado con la actuación insuficiente de las unidades síncronas que debían estabilizar el sistema: de las diez plantas encargadas de esa tarea, solo nueve estaban activas, y no respondieron conforme a lo previsto. La falta de inercia eléctrica suficiente, es decir, de capacidad para mantener la estabilidad del sistema ante perturbaciones repentinas, fue determinante.
El problema, por tanto, no radica únicamente en la transición energética ni en la creciente penetración de fuentes renovables, sino en una red de transporte que no ha sido suficientemente adaptada a esta nueva realidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha reconocido que los equipos de control de tensión están ya cerca de su saturación técnica. En situaciones extremas, la red no tiene más alternativa que activar generación adicional por razones puramente técnicas, lo que reduce el margen de flexibilidad del operador del sistema.
Entre 2021 y 2023, el número de desconexiones automáticas por sobretensión tanto en puntos de generación como de consumo, pasó de unas 30 a cerca de 140, lo que refleja un aumento exponencial de la presión sobre el sistema eléctrico. Estos datos revelan que los mecanismos actuales de protección están activándose con una frecuencia creciente, y que el sistema carece de las herramientas estructurales necesarias para amortiguar las oscilaciones provocadas por una combinación de demanda volátil, generación renovable no gestionable y falta de planificación operativa.
El apagón de abril no solo causó conmoción social, sino que provocó una guerra técnica y política entre los principales actores del sistema. Mientras el operador REE y el Ministerio para la Transición Ecológica defendían que el origen del fallo había sido multifactorial, una combinación de oscilaciones de tensión, errores de sincronización y configuración de la red, la patronal eléctrica Aelec, que agrupa a compañías como Iberdrola, Endesa y EDP, contraatacó con un informe independiente en el que acusaba directamente a REE de haber subutilizado la generación hidráulica disponible y de no haber activado adecuadamente las centrales capaces de dar estabilidad al sistema. Por su parte, varios expertos independientes, como Jorge Morales de Labra, han señalado que el problema no está en las fuentes de energía, sino en el diseño del sistema de control y en la falta de una gobernanza transparente y técnica. En su opinión, muchas de las plantas que deberían haber proporcionado soporte eléctrico no lo hicieron porque no se les exigió ni se les retribuyó por ello.
La situación se ve agravada por la incertidumbre política en torno al futuro de la energía nuclear. El plan de cierre progresivo de las centrales previsto entre 2027 y 2035, y que incluye el desmantelamiento de Almaraz I en 2027 y Almaraz II en 2028, ha generado tensiones en el seno del sector energético y de la población local. La plataforma ciudadana "Sí a Almaraz", encabezada por Fernando Sánchez, ha solicitado al Parlamento Europeo la creación de una misión de investigación para estudiar la viabilidad de mantener la central operativa más allá del calendario previsto. Aunque la solicitud ha sido admitida a trámite, su posible ejecución dependerá de la voluntad de los grupos parlamentarios europeos. El debate entre mantener capacidad firme de base (como la nuclear) y avanzar hacia un sistema 100% renovable sin respaldo térmico ni atómico está más polarizado que nunca.
En este escenario de incertidumbre técnica, política y regulatoria, lo único claro es que el sistema eléctrico español necesita una transformación estructural. Esta debe incluir no solo inversiones en refuerzo de la red, sino también una revisión profunda del marco regulador, de los protocolos operativos y de los incentivos económicos que rigen la operación de las plantas generadoras. Es necesario que las instalaciones renovables incorporen capacidades de control de tensión, como exige el protocolo PO-7.4, pero también que las centrales térmicas y nucleares operen con criterios técnicos claros y auditables.
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