El Consejo de Ministros ha concedido luz verde a la propuesta de OPA por parte de BBVA sobre Banco Sabadell, imponiendo la condición de que ambas entidades mantengan su autonomía, tanto jurídica como patrimonial, durante los próximos tres años. Este enfoque busca asegurar que ambas instituciones financieras conserven su independencia en la gestión de sus operaciones.
La decisión del Gobierno no fue tomada a la ligera. Durante casi un mes, el Consejo de Ministros evaluó minuciosamente la situación después de que el Ministerio de Economía presentara el caso, preocupado por los posibles efectos que podría tener esta operación en el interés general del país. Carlos Cuerpo, líder del Ministerio, destacó la importancia de considerar el impacto sobre diversos factores clave, como la regulación sectorial, la protección laboral, la cohesión territorial, y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Este anuncio llega tras la aprobación condicional de la operación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la aceptación del Banco Central Europeo, que no se opuso a la maniobra. Estos avances son un reflejo de la complejidad y el alcance de la operación en el sector bancario español.
Las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros subrayan la necesidad de que ambas entidades mantengan su personalidad jurídica y patrimonial separada. Este requisito se ha conceptualizado como un medio para garantizar que la fusión no comprometa los objetivos sociales y económicos establecidos por el Gobierno.
El mantenimiento de la autonomía en gestión busca proteger tanto a los trabajadores como a los intereses regulatorios y sociales en juego
La OPA refleja uno de los movimientos más significativos en el sistema financiero español en los últimos años, y su progresión será seguida de cerca por todos los implicados. Mantener un equilibrio entre los intereses económicos y sociales será clave para el desarrollo efectivo de esta operación en los años venideros.
