En la última cumbre de la OTAN, celebrada esta semana en La Haya, los 32 países miembros acordaron un ambicioso plan de rearme: elevar el gasto en defensa al 5 % del Producto Interior Bruto antes de 2035. Esta cifra, que supera con creces el umbral anterior del 2 %, se distribuirá en tres bloques: un 3,5 % destinado a gasto militar directo (personal, armamento, munición), un 1 % a infraestructuras críticas de doble uso, y otro 0,5 % al ámbito cibernético y tecnológico.
Pero detrás de este salto cualitativo y cuantitativo está la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca en enero no ha dejado de presionar públicamente a sus aliados para que "paguen lo que deben".
España, firmante del acuerdo como miembro de pleno derecho, ha sido el primer país en marcar distancias con la literalidad del pacto. El presidente Pedro Sánchez, al término de la cumbre, aseguró que España cumplirá con "las capacidades operativas" pactadas con la OTAN, pero que no alcanzará el 5 % del PIB, sino que fijará su contribución en un 2,1 % "sólido, responsable y compatible con el Estado de bienestar". Sánchez se apoyó en una carta enviada por el nuevo secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, quien abría la puerta a “adaptaciones nacionales” del objetivo común, aunque sin entrar en cifras concretas.
La reacción del resto de los aliados no se hizo esperar. Pero fue Donald Trump quien elevó el tono de forma dramática. En una rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente estadounidense señaló directamente a España y dijo que si el Gobierno de Sánchez se mantiene en el 2,1 % "nosotros vamos a negociar un acuerdo comercial específico con España para que paguen el doble, con aranceles si es necesario". Trump acusó al Ejecutivo español de actuar "como polizón" y de aprovecharse de los esfuerzos militares de otros países. Añadió, con su retórica habitual, que España se arriesga a ver "arrasada" su economía si no se pliega a las nuevas reglas del juego, y que no permitirá que sus contribuyentes "financien la defensa de quienes no quieren poner dinero".
Estas declaraciones abren un nuevo frente de tensión entre Washington y Madrid, especialmente sensible en un momento en el que los intercambios comerciales entre ambos países han crecido un 9,2 % en el último año. La amenaza de nuevos aranceles sobre productos españoles -alimentos, automoción, energía o turismo- podría suponer un golpe severo para un país que ya sufre una desaceleración industrial y una elevada dependencia del comercio exterior. Aunque desde Moncloa se intentó rebajar el tono, fuentes del Ministerio de Economía reconocen en privado que un giro proteccionista desde EE. UU. tendría "efectos inmediatos y no menores" sobre las exportaciones.
El contexto político interno no ayuda. Sánchez enfrenta una legislatura frágil tras el caso Koldo y las divisiones internas con Sumar y ERC, y ha visto cómo esta crisis internacional ha sido rápidamente instrumentalizada por la oposición. El Partido Popular ha acusado al presidente de "mentir a los españoles" al firmar un compromiso que no piensa cumplir. Vox, por su parte, exige un aumento inmediato del presupuesto militar al 3,5 % para "restaurar la credibilidad exterior de España". Mientras tanto, desde la izquierda, partidos como Podemos y Sumar critican el viraje hacia una economía de guerra y denuncian que se esté usando el rearme como pretexto para recortar en sanidad, educación o vivienda.
El Ejecutivo insiste en que el 2,1 % es realista y suficiente, y que permitirá mantener un equilibrio entre la seguridad y la justicia social. En Bruselas, algunos gobiernos han mostrado cierta comprensión hacia la posición española, siempre que se traduzca en capacidades reales verificables, aunque otros alertan de que abrir la puerta a "interpretaciones nacionales" debilita el sentido mismo del acuerdo.
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