Accionistas minoritarios internacionales están preparados para exigir transparencia y el respeto a las reglas del juego y del buen gobierno corporativo en la próxima junta general de Redeia. La demanda surge tras detectar una «falta de información» durante el apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril. Esta iniciativa está liderada por la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y cuenta con el apoyo de organizaciones pertenecientes a la Federación Europea de Inversores y Usuarios de Servicios Financieros (Better Finance) y la Federación Mundial de Inversores (World Federation of Investors).
Antonio Selas, representante de Aemec, subrayó en rueda de prensa que estas asociaciones buscan que se «respeten las reglas del juego». Aunque reconoció que no se espera un reconocimiento inmediato de culpabilidad, enfatizó la necesidad de adoptar medidas que depuren responsabilidades. Sin embargo, admitieron que su participación en la compañía es minoritaria, por lo que su intervención busca únicamente recordar los principios «esenciales» que debería considerar el consejo de administración de Redeia.
En esta línea, han decidido no recabar representaciones de accionistas, pero se van a «limitar a exigir el escrupuloso respeto a las reglas del juego», señalando implícitamente sus preocupaciones por la gestión actual. La actuación de Beatriz Corredor, presidenta de la sociedad, ha sido señalada especialmente, invitándola a dimitir.
Este asunto no es nacional, sino que es internacional, ya que además de involucrar a Redeia como gestor, o sea, como empresa española, también está involucrando al mercado y la infraestructura eléctrica del país
Mark Northway, representante de ShareSoc del Reino Unido, destacó que el incidente con Redeia no solo posee importancia a nivel nacional, sino también internacional debido a su gestión durante momentos críticos. Kristjan Verbic de VZMD y Florian Beckermann de la Austrian Shareholder Association (IVA) coincidieron en que el apagón no solo afecta a España, sino también a la infraestructura eléctrica conectada con Portugal y Francia, impactando a múltiples empresas e inversores internacionales.
Las asociaciones consideran la situación «de extrema gravedad para la seguridad y confianza de los inversores». Al advertir sobre eventos de gran magnitud, alertan del impacto directo en la confianza inversora y la estabilidad del mercado, especialmente en una entidad como Redeia, que podría enfrentarse a reclamaciones de millones de afectados en el entorno europeo.
