La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha expresado su preocupación ante la morosidad empresarial en España, describiéndola como un problema «estructural y generalizado». Antoni Cañete, presidente de la PMcM, comparó esta situación con «una bomba de relojería que la Comisión Europea quiere desactivar». Pagar tarde se ha convertido en una práctica común, y en algunos casos, es una forma encubierta de financiación a costa de los proveedores.
En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está integrado por pequeñas y medianas empresas, la morosidad representa un desafío sistémico. Según datos del Banco de España, en el segundo semestre de 2024, el plazo medio de pago entre las empresas cotizadas fue de 136 días. En particular, los sectores de ‘Información y comunicaciones’ y ‘Resto’ alcanzaron períodos de 252 y 309 días, respectivamente, muy por encima del límite legal de 60 días.
El actual marco legal, según Cañete, es «ineficaz». La Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago entre empresas y administraciones, «carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos». Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos establecidos, y los controles sobre pagos a subcontratistas carecen de efectividad.
En respuesta, la Comisión Europea ha sugerido un nuevo reglamento para sustituir la directiva vigente, aplicable directamente en todos los Estados miembro
Este reglamento propone un plazo único de pago de 30 días naturales, la implementación de un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión. Durante su revisión en el Parlamento Europeo, se han incorporado algunas excepciones sectoriales que podrían extender los plazos por razones justificadas, como en el caso de productos de baja rotación.
La PMcM advierte que aunque estas excepciones reflejan ciertas realidades económicas, también podrían debilitar la intención original de eliminar la cultura del pago tardío en Europa. Actualmente, el texto está en discusión en el Consejo Europeo, enfrentando desafíos debido a diferencias culturales y económicas entre los países miembros.
