Los principales acusados en la causa de la Banca Privada de Andorra (BPA) han sido condenados a penas de entre cinco y siete años de prisión por los tribunales de Andorra debido a un delito de blanqueo de capitales cometido con habitualidad y en el marco de un establecimiento bancario. Esta sentencia del Tribunal de Corts de Andorra, que se ha publicado recientemente, es parte de la causa primera de BPA, vinculada al caso ‘Gao Ping’ en España, involucrando a 24 antiguos directivos y gestores de la BPA por hechos ocurridos entre 2008 y 2011.
La sentencia, que abarca más de 6.000 folios, ha declarado culpables a 18 de los 24 acusados, mientras que seis han sido absueltos. No obstante, la resolución puede ser objeto de recurso de apelación ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia.
La condena más severa recae sobre Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, quien ha sido condenado a 7 años de prisión, una multa de 30 millones de euros e inhabilitación de 10 años. La segunda pena más alta es para Santiago de Roselló, exdirector financiero, con 6 años de prisión, multa de 12 millones e inhabilitación durante 10 años. Otros destacados sentenciados son Isabel Camino Sarmiento, Amaya de Santiago, y Sergi Fernández, cada uno con condenas de 5 años de prisión, multas de 5 millones e inhabilitación de 10 años.
La extensa sentencia refleja un largo proceso judicial que se desarrolló durante 195 días de sesión, con una media de seis horas diarias.
En otro nivel, cargos intermedios como Joan Cejudo, Josep Antoni Rivero, Josep Elfa y Luis Pablo Laplana recibieron condenas de cinco años de prisión condicional, con plazos de suspensión de 4 años, y multas entre 500.000 euros y dos millones, además de inhabilitación por 5 años. Asimismo, Francesc Xavier Domingo fue condenado a cuatro años de prisión, uno firme y el resto condicional, y otros procesados como Antoni Calvente, Ignacio Cardiel, Francisco Javier Filoso, José González y Esteve García recibieron penas de cuatro años condicional con multas de entre 100.000 y 200.000 euros e inhabilitación por 10 años. Finalmente, Ana María Bermejo y Mauricio Escribano fueron sentenciados a tres años y seis meses de prisión condicional, con expulsión del Principado durante 10 años.
El juicio ha sido notablemente complejo, siendo explicado por la magnitud del caso y la extensión de la documentación, entregándose la sentencia 20 meses después de que las partes presentaran sus informes, y alcanzando una extensión excepcional de 6.180 folios. Este proceso refleja la seriedad con la que el sistema judicial ha manejado el caso de blanqueo de capitales en BPA.
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