Siete años de investigaciones y un sumario hasta ahora secreto han desembocado en una de las imputaciones más graves contra un exministro de la democracia española. Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda bajo los gobiernos del Partido Popular, primero con José María Aznar y, más recientemente, con Mariano Rajoy entre 2011 y 2018, ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona. El caso, de enormes implicaciones políticas, económicas y éticas, describe una supuesta red de corrupción que habría contaminado todo el Ministerio de Hacienda durante al menos seis años.
El epicentro de la trama es el despacho de abogados y consultoría fiscal Equipo Económico, fundado por el propio Montoro antes de su llegada al gobierno. El auto judicial sostiene que el exministro utilizó su posición institucional para beneficiar directamente a los clientes de ese bufete, diseñando reformas legislativas "ad hoc" y a medida. Las sospechas alcanzan a 28 personas físicas y a seis entidades jurídicas, que se enfrentan a cargos tan graves como cohecho, fraude contra la administración, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En otras palabras: se acusa a Montoro y a su círculo de haber traficado con leyes como si fueran mercancía.
La cúpula del Ministerio de Hacienda: de reguladores a regulados
El listado de altos cargos imputados es una radiografía inquietante de cómo pudo funcionar esta presunta red. Bajo el liderazgo de Montoro, el Ministerio de Hacienda habría dejado de ser garante del interés público para convertirse en un espacio colonizado por intereses privados. Entre los nombres destacados figuran:
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Miguel Ferre Navarrete, secretario de Estado de Hacienda entre 2011 y 2016, fue el número dos del ministerio durante el periodo clave de las reformas fiscales sospechosas.
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Diego Martín-Abril, director general de Tributos entre 2012 y 2016, y José Alberto García Valera, su sucesor entre 2016 y 2018, ambos fueron responsables directos de redactar las normas que luego habrían favorecido a las gasistas.
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Santiago Menéndez Menéndez, director de la Agencia Tributaria entre 2013 y 2018, completa la línea de mando de una Hacienda que, según el juez, habría dejado de actuar en defensa del erario público.
Otros nombres como Pilar Platero Sanz, Felipe Martínez Rico, Óscar del Amo, Rogelio Menéndez Menéndez y José María Buenaventura Zabala formaron parte de un engranaje técnico y político que, según la acusación, permitió la conversión del ministerio en una máquina de generar beneficios para terceros.
Equipo Económico: el despacho que escribía leyes
Equipo Económico, el despacho fundado por Montoro, se presenta en el caso como el instrumento clave de la operación. Los socios principales también están imputados: Ricardo Martínez Rico, Manuel De Vicente Tutor, Salvador Mariano Ruiz Gallud y Francisco Piedras Camacho. Incluso una trabajadora de administración, Covadonga Gómez Garrido, aparece en el auto, lo que sugiere un nivel de implicación organizativa más amplio del que suele verse en casos de este tipo.
Según el juez, los clientes del bufete no solo se beneficiaron de normativas hechas a medida, sino que, en algunos casos, participaron directamente en la redacción de las leyes. Así ocurrió, presuntamente, con el grupo de empresas gasistas agrupadas en AFGIM: Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos. Estas compañías no solo fueron destinatarias de exenciones fiscales, sino que habrían intervenido en la fase prelegislativa, lo que constituye una posible externalización ilegal de funciones públicas.
Entre sus directivos imputados destacan Patrick Emmanuel Marcel (Air Liquide), Eduardo García de Praxair y Francesco Maione (Carburos Metálicos). Según el auto, estas empresas pagaban a Equipo Económico por lograr ventajas competitivas en el marco legal español, mientras que otros sectores industriales, también intensivos en consumo eléctrico, quedaban excluidos de los beneficios fiscales diseñados para favorecer exclusivamente a las gasistas.
¿Corrupción institucionalizada?
A lo largo de su etapa como ministro, Montoro fue preguntado en varias ocasiones por las incompatibilidades entre su cargo y su antiguo bufete. Siempre negó cualquier conflicto de interés. Sin embargo, ahora el juez sostiene que colocó a personas afines al despacho en cargos estratégicos del ministerio para garantizar que los intereses de Equipo Económico fueran atendidos desde dentro de la administración. Una acusación que dibuja un esquema de captura del Estado desde las propias estructuras del gobierno.
Sea como fuere, lo cierto es que el caso Montoro no es solo otro episodio de presunta corrupción política. Si se confirman las acusaciones, estaríamos ante un ejemplo de corrupción institucionalizada, en la que el poder legislativo se habría puesto al servicio de intereses privados mediante un acceso privilegiado y exclusivo al diseño normativo. La gravedad no está solo en que se haya favorecido a determinadas empresas, sino en que se habría pervertido el funcionamiento entero del Estado para ello.
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