Las organizaciones agrarias de Castilla y León, respaldadas por diversas instituciones, han mostrado su rechazo a la actual propuesta de reforma de la Política Agraria Común (PAC) 2028-2034. Consideran que esta propuesta es «perjudicial» para el sector agrario y el desarrollo de las comunidades locales, instando a las instituciones europeas a presentar una nueva iniciativa que garantice un presupuesto «suficiente».
Según la declaración institucional suscrita por las agrupaciones agrarias y el PSOE de Castilla y León, la propuesta de la Comisión Europea causaría un «duro golpe» al sector agrario de la región. Virginia Jiménez, portavoz socialista de Agricultura y Ganadería, ha destacado que el marco financiero propone «recortes importantes» de hasta un 22% en el presupuesto agrario y la «eliminación» de su estructura tradicional.
El PSOE considera que la propuesta europea es un error histórico y vamos a combatirla con unidad y con firmeza desde Castilla y León
Además, el nuevo plan centralizaría su funcionamiento en un único fondo, con implicaciones significativas: desaparecerían diversas ayudas directas, y el desarrollo rural dependería de la gestión y cofinanciación de los estados miembros, lo que podría amplificar las «desigualdades» territoriales, perjudicando más a las áreas rurales con alta dependencia del sector agrario.
Petición de unidad y acción colectiva
En este contexto, el PSOE insiste en la importancia de una unidad institucional, política y social para bloquear esta reforma y abogar por una PAC «fuerte y justa». Jiménez hace un llamado a la Unión Europea para establecer una nueva PAC que asegure un «presupuesto suficiente e igualdad territorial».
Esta no es una cuestión de partidos políticos, es la voz del campo y de los pueblos
La declaración institucional urge además que se incluyan principios de reciprocidad en acuerdos internacionales, y solicita condiciones que no supongan costos de producción adicionales sin fundamentos agronómicos. Asimismo, se recalca la necesidad de simplificar la aplicación de la nueva PAC para reducir trámites burocráticos.
Por otro lado, las organizaciones agrarias exigen al Gobierno central medidas contra la merma de ingresos atribuida a políticas arancelarias con Estados Unidos, así como la implementación de una PAC con enfoque rural y territorial, con reservas obligatorias para áreas despobladas. Finalmente, instan a la Administración autonómica a colaborar estrechamente con comunidades locales y organizaciones agrarias para asegurar que los fondos de desarrollo rural llegan efectivamente a todos los pueblos.
