El sistema público de pensiones en España se encuentra en una crisis de sostenibilidad sin precedentes, según un análisis detallado realizado por Santiago Calvo y Daniel Fernández, investigadores del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides. El informe revela que el déficit acumulado del sistema alcanzó los 66.206 millones de euros en 2024, lo que representa el 4,2% del PIB. Este déficit se debe en parte a que las cotizaciones sociales solo cubren tres de cada cuatro euros del gasto en pensiones.
Para mantener el sistema a flote, el Estado ha recurrido de manera constante a transferencias extraordinarias y endeudamiento, aumentando así la presión sobre las ya tensas finanzas públicas. Sin estas medidas, España podría haber presentado un superávit fiscal cercano al 1% del PIB. Las proyecciones futuras, según el informe, son aún más preocupantes. El Ageing Report 2024 de la Comisión Europea estima que el gasto en pensiones ha pasado del 10,3% del PIB en 2021 al 16,7% actual, un aumento de 6,4 puntos en tres años. Este incremento podría colocar a España como el país con mayor incremento del gasto en pensiones de Europa en las próximas dos décadas.
El estudio critica duramente lo que denomina «el timo de la hucha de las pensiones», señalando que el mecanismo de equidad intergeneracional no genera ahorro real y mantiene una deuda neta de 117.000 millones de euros
En cuanto a la rentabilidad del Fondo de Reserva, el informe indica que es una de las más bajas de Europa, ya que está invertido casi exclusivamente en deuda pública española, con rendimientos apenas superiores a la inflación. Esta estrategia contrasta con la diversificación empleada por otros países europeos.
El saldo contributivo varía significativamente entre las regiones españolas. Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla son las únicas que presentan un superávit. En contraste, Andalucía, País Vasco y Galicia registran los déficits más pronunciados. Santiago Calvo y Daniel Fernández insisten en que se requiere una reforma estructural urgente para equilibrar ingresos y gastos de manera sostenible. Ignorar esta necesidad, afirman, solo aumentará los costes económicos, fiscales y sociales para las futuras generaciones.
Los autores subrayan que las respuestas deben ir más allá de los «artificios contables» y enfocarse en reformas que consideren las previsiones demográficas y económicas del país. El riesgo, advierten, no es solo fiscal, sino también de equidad intergeneracional y estabilidad social
