España se sitúa a la cola de sus socios internacionales en materia de transparencia e integridad democrática. Según el último Anti-Corruption and Integrity Outlook de la OCDE, el país apenas alcanza un 25 % de cumplimiento de los estándares en regulación del lobby y un 0 % en su aplicación práctica.
Ante esta situación, la consultora Newsline presentará hoy en el Congreso el informe “Profesionalizar el Lobby en España: Lecciones internacionales y cinco propuestas de reforma”, que denuncia la falta de regulación como un déficit estructural del sistema político español.
“El vacío normativo ha permitido que expolíticos y exasesores pasen directamente a influir en los mismos sectores que regulaban o supervisaban, sin periodos de incompatibilidad ni controles efectivos”, señala Jacobo Ramos Folch, responsable de Asuntos Públicos en Newsline. “No es casual que las consultoras que más incorporan perfiles políticos sean también las que registran ingresos récord, distorsionando el mercado y erosionando la confianza ciudadana”, añade.
El contraste con otros países
La ausencia de una ley nacional sobre lobby en España contrasta con la regulación existente en otros países:
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Canadá: cinco años de incompatibilidad para exministros y sanciones de hasta 200.000 dólares canadienses.
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Francia: la Ley Sapin II obliga a declarar todas las actividades de lobby, con sanciones administrativas y penales.
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Estados Unidos: la Lobbying Disclosure Act exige transparencia en clientes e ingresos, con multas de hasta 200.000 dólares y cárcel.
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Alemania: el registro federal contempla sanciones de hasta 50.000 euros en caso de incumplimiento.
Cinco medidas para España
El informe plantea cinco reformas urgentes para cerrar la brecha con las democracias avanzadas:
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Ampliar los periodos de incompatibilidad de dos a cinco años, incluyendo a diputados, senadores, asesores y personal de partidos.
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Crear un registro estatal, público y obligatorio de lobistas.
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Publicar la huella legislativa para conocer cómo influyen las reuniones en la elaboración normativa.
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Establecer una autoridad independiente de supervisión con capacidad sancionadora.
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Profesionalizar la actividad del lobby mediante códigos de conducta y estándares éticos.
“Estas medidas no son opcionales: son la condición indispensable para que España deje de ser el paraíso de las puertas giratorias. Si queremos instituciones fuertes y una democracia de calidad, necesitamos reglas claras y un lobby verdaderamente profesional”, insiste Ramos Folch.
El documento
El informe, elaborado por el área de Asuntos Públicos de Newsline bajo la dirección de Ramos Folch, toma como referencia el Anti-Corruption and Integrity Outlook de la OCDE y la legislación en vigor en Canadá, Francia, Estados Unidos y Alemania. Será entregado hoy a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en el Congreso.
Quién es Jacobo Ramos Folch
Responsable de Asuntos Públicos en Newsline, Ramos Folch asesora a empresas y asociaciones en análisis regulatorio y campañas de asuntos públicos. Combina esta labor con la docencia en la Universidad de Navarra y IE University.
En 2025 fue seleccionado por el Atlantic Council como uno de los jóvenes líderes europeos. Ha trabajado en la OCDE, en el departamento de Asuntos Públicos de BBVA, en el Bundestag alemán y en la campaña presidencial de Hillary Clinton. Es becario de la Fundación “La Caixa” y máster por la Universidad de Georgetown.
