La negativa del Congreso a aprobar el proyecto de ley que buscaba reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales no ha supuesto el fin del debate para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Tras el veto anunciado por Junts, el Ministerio de Trabajo ha empezado a diseñar un plan de acción que contempla tanto la repetición del proyecto en el Parlamento como medidas inmediatas que se pueden implementar desde el Ejecutivo.
Según fuentes del Ministerio, la intención de Díaz es volver a llevar al Consejo de Ministros el acuerdo alcanzado con los sindicatos en diciembre de 2023, para enviarlo de nuevo al Congreso. No obstante, el Ejecutivo es consciente de que la tramitación parlamentaria probablemente será compleja y se prolongará varios meses. Por ello, Trabajo también estudia medidas alternativas que no requieren el aval de la Cámara Baja, como la obligatoriedad del registro horario digital de los trabajadores, que podría implementarse mediante un real decreto. Esta medida permitirá que la Inspección de Trabajo tenga acceso telemático a los horarios laborales, mejorando el control del tiempo de trabajo y evitando posibles abusos, aunque no contempla el endurecimiento de sanciones, que sí exigiría una reforma legislativa.
Expertos en la materia, como Victoria Miravall, de Wolters Kluwer, destacan que la vía del real decreto permitiría establecer la obligatoriedad de recurrir a sistemas digitales y garantizar la objetividad, fiabilidad y accesibilidad del registro horario, aunque las multas seguirían limitadas a su marco actual. En paralelo, la titular de Trabajo prevé convocar a la Comisión de Expertos del SMI para analizar la actualización del Salario Mínimo Interprofesional en 2026, de manera que este umbral se mantenga en torno al 60 % del salario medio. Los sindicatos, encabezados por Pepe Álvarez de UGT, han solicitado que la primera reunión de este grupo se celebre la próxima semana, y ya han adelantado que el incremento debería superar la inflación, situada en un 2,7 % interanual.
La reacción a la negativa del Congreso ha generado un fuerte contraste entre sindicatos y patronal. CCOO y UGT han anunciado movilizaciones en Madrid y otras ciudades para presionar a los partidos a tramitar la norma y reducir la jornada laboral, mientras que la CEOE y Cepyme reiteran su rechazo, argumentando que la medida afectaría a la productividad, la creación de empleo y los costes empresariales. Desde Ferraz, el PSOE mantiene distancia, subrayando que la iniciativa es liderada por su socio minoritario, Sumar, y destacando que cualquier nueva derrota parlamentaria no debería recaer sobre el Ejecutivo principal.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que la votación del proyecto “no es un punto final, sino un punto y seguido”, y que el debate permitirá que cada grupo político quede retratado con su postura. En línea con esto, los responsables de Sumar han señalado que la votación del miércoles servirá para mostrar la posición de los partidos, al tiempo que se canaliza el apoyo social a la reducción de la jornada de cara a una posible segunda presentación del proyecto.
Más allá del proyecto de ley, el Ministerio de Trabajo mantiene abiertas otras prioridades, como la reforma de la indemnización por despido y la actualización del SMI, ambas iniciativas orientadas a mejorar las condiciones laborales. Según fuentes del Ejecutivo, la reducción de la jornada laboral cuenta con el aval de una parte significativa de los trabajadores, incluidos votantes de partidos de derecha, aunque PP y Vox siguen oponiéndose. La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha calificado la propuesta de “debate artificial”, mientras que la del PP, Ester Muñoz, reclama diálogo social y consenso con la patronal.
En el corto plazo, el Gobierno también contempla ayudas para pequeñas empresas que puedan tener dificultades para implementar la reducción de la jornada, asegurando que las condiciones laborales se adapten a la realidad tecnológica y productiva actual. Yolanda Díaz mantiene firme su hoja de ruta, confiando en que, si no se logra a la primera, el proyecto pueda salir adelante en una segunda o tercera vuelta en el Congreso, tal como ha sucedido con iniciativas anteriores impulsadas por su ministerio.
Yolanda Díaz asume la derrota de la reducción de jornada laboral e insta a movilizarse en la calle
