El tejido empresarial español se encuentra, desde la era post-COVID, en un entorno macroeconómico complejo marcado por una alta volatilidad e incertidumbre. Tras los estímulos y la expansión del crédito en 2020-2021, llegó un ciclo de restricción de acceso al mismo: tipos de interés al alza, presión inflacionaria y menor acceso a capital. Aunque ya estamos en un entorno de tipos neutro, otros factores de sobra conocidos han contribuido a aumentar la incertidumbre y las tensiones de tesorería.
Sectores como las energías renovables, el comercio minorista o agroalimentario muestran claros síntomas de estrés financiero. Las cifras del registro concursal lo demuestran: los concursos de acreedores crecieron un 18% interanual entre 2023 y 2024. Sin embargo, los planes de restructuración crecieron ligeramente por debajo de 4%, lo que refleja una resistencia estructural a activar soluciones tempranas.
Parte del problema es cultural: aún se percibe el plan de reestructuración como el preludio de un fracaso inevitable. Esta visión conduce a una reacción tardía, cuando las opciones reales de evitar el concurso son más limitadas. Sin embargo, se empiezan a ver señales de cambio, especialmente en compañías participadas por fondos de inversión, donde la profesionalización y la cultura financiera favorecen un enfoque más estratégico y sofisticado.
En este proceso, los asesores financieros y legales tenemos un papel fundamental: debemos identificar a tiempo los síntomas, proponer alternativas viables y construir planes que maximicen la recuperación de valor para los acreedores y accionistas sin comprometer la continuidad operativa de las empresas.
La reforma del texto refundido de la Ley Concursal (TRLC) de 2022 ha supuesto un punto de inflexión. La norma introduce herramientas que permiten aplicar planes de restructuración incluso en contextos de disenso parcial: imposición judicial del plan, arrastre interclase e intraclase, afectación de acreedores con privilegio especial o, incluso, de socios. Son mecanismos que refuerzan la utilidad real del proceso y abren la puerta a soluciones antes impensables.
"Nos encontramos ante la oportunidad única de convertir la reestructuración en una palanca de cambio que se anticipa a problemas financieros inminentes y futuros"
Esta evolución normativa ha transformado también la actitud de los acreedores financieros. En los primeros meses tras la publicación de la TRLC, bancos y fondos de deuda se mostraban escépticos a jugar un rol activo en procesos de reestructuración. Hoy, la postura es muy distinta: las entidades financieras que toman la iniciativa en procesos de reestructuración vetan expertos propuestos por los deudores, contratan asesores e impugnan homologaciones con las que no están de acuerdo. Los fondos internacionales, sobre todo aquellos con estructuras híbridas de deuda y capital privado, no dudan en promover planes no consensuales y abordar transformaciones operativas profundas, maximizando la recuperación.
Sin embargo, para que esto funcione de manera eficiente, debe existir un ecosistema profesionalizado. El asesor financiero tiene la responsabilidad de elaborar proyecciones de caja realistas, analizar la estructura de capital y diseñar el Plan de Reestructuración a partir de un IBR riguroso. Por su parte, el experto en Reestructuración es quien debe valorar la viabilidad del plan, analizar las garantías y emitir informes independientes permitiendo que el juez pueda evaluar con rigor los requisitos para su homologación.
Este proceso ya no se limita a grandes compañías. Cada vez más, vemos empresas de mediano y pequeño tamaño profesionalizando sus procesos de reestructuración. Este hecho amplía la capacidad no solo de salvar compañías viables, sino también sanear balances, preservar empleo y transformar modelos de negocio a todos los niveles del ecosistema empresarial.
Nos encontramos, por lo tanto, ante una oportunidad única: convertir la reestructuración en una palanca de cambio que se anticipa a problemas financieros inminentes y futuros (y no en un mero último recurso defensivo), permitiendo una mejor asignación de capital, un tejido empresarial más resiliente y compañías con viabilidad económica real a largo plazo.
De esta manera, conseguiríamos fortalecer la economía real y proteger el empleo desde la raíz. Para ello, es necesario construir un ecosistema de asesores que no solo maneje modelos financieros y normas legales, sino que se apalanque en sus habilidades blandas y su experiencia profesional para generar confianza, facilitar acuerdos y liderar soluciones.
