El Congreso de los Diputados se prepara para reactivar la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible este martes, 23 de septiembre. El avance de este proyecto, que se detuvo en junio debido a tensiones políticas relacionadas con el caso ‘Koldo’ y las reservas de Podemos, es crucial para asegurar un desembolso vital de fondos europeos.
Esta ley, que data de la legislatura anterior, fue aprobada en Consejo de Ministros pero quedó en suspenso debido a un adelanto electoral y la disolución de las Cortes. Óscar Puente, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha reintroducido el texto original con la esperanza de materializar su aplicación antes del final de 2024. No obstante, la complicada aritmética parlamentaria continúa posponiendo su aprobación definitiva.
En el anterior periodo de sesiones, el avance del proyecto en el Congreso superó la fase de ponencia, donde se introdujeron más de 130 enmiendas al texto inicial. Destaca una de estas modificaciones, promovida por Sumar, que propone que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses se decida en conjunto con las comunidades autónomas.
Pese al tiempo transcurrido, Podemos sigue firme en su negativa a apoyar el texto, exigiendo al Gobierno la paralización de las ampliaciones del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat. Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, afirmó en rueda de prensa que el partido no está dispuesto a respaldar un proyecto que considera “de mínimos” en una lucha tan crucial como la del cambio climático.
Aunque Podemos no forma parte directamente de la Comisión de Transportes, su papel será decisivo en el Pleno. “Si el Gobierno de España quiere los votos de Podemos, tiene que paralizarse de inmediato la ampliación del Puerto de Valencia y también la ampliación del aeropuerto del Prat”, declaró Fernández.
Además, el proyecto contempla la revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), incorporando las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional. También se incluye una medida, propuesta por Junts, para otorgar beneficios fiscales al Mobile World Congress en Barcelona.
