Junts per Catalunya ha encontrado apoyo inesperado en Vox respecto a su propuesta para modificar la legislación relacionada con los permisos de paternidad, intentando endurecer los requisitos para temporeros migrantes debido a posibles fraudes. El partido ha presentado en el Pleno del Congreso una proposición no de ley que busca que el Gobierno modifique el artículo 30.2 del Real Decreto de 2009, con el fin de imponer restricciones más severas a los migrantes. El diputado de Junts, Isidre Gavín, defendió la iniciativa, mencionando presuntos abusos y fraudes, llegándose a alegar que algunos migrantes obtienen múltiples permisos al justificar que en sus países de origen son polígamos.
En su intervención, Juan José Aizcorbe, diputado de Vox, expresó su sorprendente afinidad con la propuesta de Junts, argumentando que, aunque considera el texto tímido, va en línea con sus preocupaciones de años en torno a la cuestión. En contraste, el diputado del PP, Agustín Parra, reconoció la existencia del fraude, pero criticó la proposición por su riesgo de estigmatizar a colectivos vulnerables.
«La lucha contra el fraude es contra el fraude, sin etiquetas ni perjuicios», destacó Parra, fijando claramente la posición del Partido Popular.
Reacciones y críticas desde otras formaciones políticas
La propuesta ha suscitado fuertes reacciones de otras formaciones políticas. El PSOE, a través de la diputada María Carmen Castilla Álvarez, denunció el señalamiento y las consecuencias de crear requisitos desproporcionados, declarando que no hay espacio en un Estado de derecho para medidas que generen desigualdad en el acceso a derechos sociales.
En Comú Podem, representada por Júlia Boada, criticó la ausencia de datos que sustentarían los presuntos fraudes y acusó a la propuesta de intentar recortar derechos. Además, apenas 22 personas han sido sancionadas en Cataluña por tales fraudes, según sus declaraciones.
Por su parte, ERC y EH Bildu mostraron un rechazo frontal. El primero calificó la iniciativa de «xenófoba» y «racista», en palabras de Jordi Salvador, mientras que Marije Fullaondo de EH Bildu tachó la propuesta de «barbaridad» por su potencial para estigmatizar a los migrantes. Del mismo modo, Podemos y el PNV alertaron sobre las repercusiones de aprobar un endurecimiento en los permisos, lo cual abriría camino al «racismo institucional», señalando que la burocracia excesiva podría hacer impracticable el acceso a un derecho.
