Miles de empleados públicos temporales han vuelto a concentrarse frente al Congreso de los Diputados para exigir una solución definitiva a un problema que España arrastra desde hace décadas: la alta tasa de temporalidad en las administraciones públicas. El malestar del personal interino -funcionarios y laborales que han pasado años encadenando contratos o nombramientos temporales para cubrir puestos permanentes- se ha convertido en uno de los síntomas más visibles de la precariedad estructural del empleo público en el país.
España, paradójicamente, tiene uno de los sectores públicos más estables en el imaginario colectivo, pero las cifras desmienten esa percepción. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi uno de cada tres trabajadores públicos tiene un contrato temporal, una proporción que triplica la media europea, situada en torno al 12%. En ámbitos como la educación o la sanidad, el porcentaje supera el 40%, y en algunos servicios esenciales, como la justicia o los servicios sociales, los interinos son la columna vertebral del sistema. Muchos de ellos llevan más de una década en sus puestos, sin que su situación haya sido regularizada.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), casi uno de cada tres trabajadores públicos tiene un contrato temporal, una proporción que triplica la media europea, situada en torno al 12%
El problema no es nuevo. Desde los años noventa, las distintas administraciones -central, autonómica y local- han recurrido de manera sistemática a figuras temporales para cubrir vacantes estructurales, como mecanismo para sortear las limitaciones de gasto público o las restricciones en la oferta de empleo impuestas por la normativa presupuestaria. El resultado ha sido una bolsa de personal en situación de interinidad que se ha perpetuado con el paso del tiempo, generando un modelo laboral que choca frontalmente con la Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea, que prohíbe expresamente el uso abusivo de contratos o nombramientos temporales sucesivos para funciones permanentes.
Bruselas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han llamado la atención a España en varias ocasiones por el incumplimiento de esta norma, recordando que el Derecho comunitario tiene efecto directo y debe aplicarse incluso sin una transposición formal. Pese a ello, la pasividad de los distintos gobiernos, unida a la falta de respuesta de buena parte de la judicatura española, ha mantenido el problema sin resolver. Las sentencias del TJUE de 2016, 2020 y 2021 apuntaban en una dirección clara: España debe sancionar el abuso de temporalidad y establecer medidas efectivas de disuasión y reparación. Sin embargo, esas resoluciones se han traducido más en debates políticos que en cambios tangibles.
Las asociaciones de empleados públicos interinos denuncian que la llamada Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha resultado insuficiente. La norma pretendía reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en 2025 mediante procesos de estabilización y concurso de méritos para quienes acreditaran años de servicio. Sin embargo, en la práctica, los procesos de estabilización han derivado en nuevas oposiciones y en ceses masivos de personal con décadas de experiencia.
"Se está sustituyendo a los trabajadores que llevan veinte años sirviendo al Estado por nuevos aspirantes, en lugar de reconocer el abuso sufrido" - Federación de Trabajadoras de las Administraciones Públicas (FETAP-CGT)
El impacto económico es doble
El impacto económico de esta situación es doble. Por un lado, las administraciones han afrontado indemnizaciones millonarias derivadas de sentencias judiciales y procesos de reclamación individual. Por otro, la alta rotación y la inestabilidad laboral provocan un deterioro en la eficiencia de los servicios públicos, pérdida de conocimiento institucional y un mayor gasto en formación y gestión de personal. Diversos estudios estiman que los costes directos e indirectos del abuso de la temporalidad superan los 2.000 millones de euros anuales, si se suman las indemnizaciones, la litigiosidad y los costes de sustitución.
El fenómeno tiene además un componente social relevante. Miles de empleados públicos interinos, muchos de ellos mujeres mayores de 45 años, han construido su vida profesional en torno a la promesa implícita de estabilidad del empleo público. Sin embargo, la ausencia de procesos transparentes y las limitaciones presupuestarias han convertido esa promesa en una fuente de precariedad y frustración. "El Estado, que debería ser el ejemplo de buen empleador, es en realidad quien más abusa de la temporalidad", denuncian desde la Plataforma de Afectados por la Función Pública. A esta plataforma se suman colectivos de bomberos forestales, personal sanitario, docentes, funcionarios interinos de la administración local y regional, y asociaciones de secretarios e interventores, todos ellos con un diagnóstico común: las administraciones han normalizado una práctica contraria al Derecho europeo.
La raíz de la temporalidad masiva en el sector público español es política, administrativa y cultural. Durante décadas, los distintos ejecutivos de distinto signo han utilizado la temporalidad como un mecanismo de flexibilidad y control presupuestario, posponiendo reformas estructurales que equilibraran el principio de mérito y capacidad con el reconocimiento del abuso prolongado. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos, responsables de buena parte del empleo público, también han contribuido a agravar la situación al mantener plantillas incompletas y recurrir sistemáticamente a contrataciones temporales para cubrir necesidades permanentes.
En el ámbito europeo, el próximo pronunciamiento del Abogado General de la Unión Europea, previsto para el 9 de octubre, será un nuevo punto de inflexión. Su informe, aunque no vinculante, marcará la línea de la futura sentencia del TJUE sobre una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español. Si el dictamen confirma el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE, España podría enfrentarse nuevamente a sanciones por parte de Bruselas, además de una avalancha de demandas individuales.
“Lo que pedimos no es privilegio, sino justicia y cumplimiento del derecho europeo” - Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp)
A la espera de ese pronunciamiento, los colectivos de interinos insisten en una solución legislativa que reconozca el abuso sufrido y garantice la estabilidad de quienes han prestado servicio durante años en condiciones de temporalidad prolongada. Reclaman la tramitación urgente de una nueva Ley de Función Pública que contemple mecanismos de consolidación reales, medidas de compensación y la readmisión del personal cesado injustamente. “Lo que pedimos no es privilegio, sino justicia y cumplimiento del derecho europeo”, señalan desde la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (Aicafp).
El desafío es mayúsculo: equilibrar los principios de igualdad, mérito y capacidad con la obligación legal de reparar el abuso y evitar que el Estado sea el primer infractor del Derecho comunitario. Mientras tanto, decenas de miles de empleados públicos siguen viviendo en una incertidumbre afecta a su estabilidad personal, y a la calidad y continuidad de los servicios públicos que sostienen día a día.
