Las principales economías del planeta se enfrentan a un problema que ya no puede disimularse: el exceso de deuda pública. El síntoma más visible es la paradoja del mercado financiero: los bancos centrales recortan los tipos de interés de la deuda a corto plazo, pero a largo plazo apenas bajan o incluso siguen escalando. La causa es clara: el Tesoro coloca más títulos de los que los inversores están dispuestos a absorber a los tipos vigentes, la oferta supera la demanda, el precio cae y la rentabilidad -el interés- debe subir.
El círculo vicioso es evidente. Cuanto más caro resulta colocar la deuda, mayores son los gastos financieros de los estados, y, a medida que éstos crecen, la solvencia se deteriora y los inversores exigen una prima aún más alta, lo que multiplica el coste de seguir endeudándose. El margen fiscal para financiar nuevos programas se estrecha, acercando al Estado al punto de no retorno: la pérdida de acceso asequible al mercado.
Existen solo dos salidas. La primera, la más sana, sería dejar de emitir tanta deuda: cuadrar las cuentas públicas, recortar gastos superfluos, elevar ingresos y, en el mejor de los casos, lograr superávits que reduzcan la deuda. La segunda, menos virtuosa, consiste en ampliar artificialmente la demanda de deuda, es decir, obligar o inducir a más agentes económicos a comprarla sin necesidad de subir tanto el interés.
En teoría, el gobierno de Trump prometía optar por la primera: austeridad presupuestaria, recorte de programas y disciplina fiscal. En la práctica, ha preferido la segunda: ensanchar el apetito global por su deuda. ¿Cómo? Mediante un vehículo financiero que hasta hace poco era visto como especulativo: las stablecoins.
Una stablecoin no es más que un token dentro del blockchain cuyo valor se mantiene estable respecto a un activo externo (oro, materias primas o una divisa fiat). Las más extendidas son aquellas que replican el valor del dólar: Tether (USDT), USD Coin (USDC), etc. De esta forma, dentro del ecosistema cripto es posible transaccionar con un activo digital que, a efectos prácticos, equivale a dólares.
El atractivo es obvio. Permiten arbitrar en tiempo real entre criptoactivos y divisas sin necesidad de salir del blockchain, ofrecen una vía de acceso a dólares en países con controles de capital y reducen los costes de transacción en operaciones internacionales. Pero su estabilidad depende de que el emisor disponga de suficientes reservas en el activo al que la stablecoin está vinculada. Si Tether dice que cada token vale un dólar, debe poder entregar dólares al que lo reclame. De lo contrario, la paridad se rompe y el token cotiza con descuento.
Aquí entra en juego la política. El gobierno de Trump ha impulsado la llamada Genius Act, que obliga a todo emisor de stablecoins en EEUU a mantener reservas del 100% en activos denominados en dólares. Y no en cualquiera, sino en una lista restringida: dólares físicos, depósitos bancarios en dólares, deuda pública estadounidense a corto plazo, repos garantizados con esa misma deuda y participaciones en fondos monetarios que solo inviertan en dichos activos.
La innovación tecnológica sirve de coartada para transformar la moneda o sus sustitutos en un mecanismo de financiación barata del Estado
En otras palabras: quien quiera emitir stablecoins en EEUU deberá aparcar, directa o indirectamente, todos sus recursos en deuda pública. El negocio de las stablecoins se convierte así en un canal regulado de financiación del déficit estadounidense. Si el mercado de estos tokens, hoy de unos 300.000 millones de dólares, crece hasta los tres billones, la demanda cautiva de deuda pública estadounidense será sustancial.
Los estados siempre han buscado formas de utilizar la emisión de dinero o de cuasi-dinero para financiarse. Antes fueron los bancos privados, obligados a mantener reservas en deuda soberana. Ahora son los emisores de stablecoins, forzados a respaldar sus tokens con papeles del Tesoro. La innovación tecnológica sirve de coartada para replicar la vieja receta: transformar la moneda o sus sustitutos en un mecanismo de financiación barata del Estado.
¿Es necesariamente malo que las stablecoins se respalden con deuda pública a corto plazo? No. Es un activo seguro y líquido. El problema es que la elección no es libre: está impuesta por el regulador con un objetivo fiscal oculto. Y así, lo que podía haber sido un paso hacia una arquitectura financiera más descentralizada y plural se convierte en un engranaje más de la maquinaria de endeudamiento estatal.
Los defensores de la Genius Act alegarán que garantiza la estabilidad de las stablecoins y refuerza la confianza de los usuarios, pero el motivo de fondo no es la estabilidad del mercado cripto, sino la del Tesoro de EEUU. Se trata de canalizar billones hacia sus bonos, contener las rentabilidades y evitar que el monstruo de la deuda devore al propio Estado.
