El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha revelado que un 30,5% de los españoles con salarios, pensiones o prestaciones por desempleo perciben menos de 12.000 euros anuales. «En total, son 9,1 millones de personas que no llegan al mileurismo», expuso Gestha en un comunicado emitido con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Niveles de precariedad en desempleo y pensiones
De acuerdo con los datos, los más afectados son los desempleados: un 93,9% de los 827.984 desempleados no alcanza los 12.000 euros anuales en prestaciones. Además, el 54,8% de los desempleados que optaron por una pensión ese mismo año también siguen esta tendencia.
En el ámbito laboral, 1,2 millones de personas asalariadas que estuvieron sin empleo durante el año pertenecen al 39,7% que no supera los 12.000 euros. Esta situación es compartida por 3,2 millones de pensionistas (36,9%) y por 3,8 millones de trabajadores (22,7%).
Completando el cuadro, se encuentran 12.805 asalariados que en un mismo año transitaron del desempleo a una pensión, un 16,4% de su grupo, junto a 54.350 trabajadores que pasaron a ser pensionistas (7,8%).
Disparidades geográficas
En el mapa regional, Andalucía lidera en cantidad de personas con rentas bajas, albergando 2,1 millones. Cataluña sigue con 1,4 millones, mientras que Madrid y la Comunidad Valenciana mantienen cada una a 1,1 millones de personas en precariedad económica.
Los datos reflejan que el 62,3% de las personas con ingresos inferiores a 12.000 euros viven en estas regiones. Relativamente, el mayor porcentaje de personas en esta situación se encuentra en Extremadura (40,8%), seguida de Andalucía (38,5%). Ceuta y Melilla también destacan, junto a otras autonomías como Canarias, Murcia y Galicia, donde entre un 30% y un 33% de la población enfrenta esta realidad.
Gestha se ha unido al llamamiento por un Pacto de Estado contra la Pobreza
El sindicato apela a todas las administraciones para que intensifiquen sus esfuerzos en aumentar los sueldos mínimos, fomentar la inclusión laboral y mejorar las pensiones, apoyándose en una redistribución más equitativa del gasto social y del sistema tributario.
